El Ministerio de Justicia pretende ceder al Colegio de Registradores el Registro
Civil lo que le costara a los
registradores más de 300 millones de
euros lo que, en definitiva, supone la privatización del registro y un nuevo
trasvase de un servicio publico al beneficio de unos pocos.
La reforma integral de los
Registros Civiles que esta ya cerrada a través de un anteproyecto de ley que
aprobara el Consejo de Ministros en las próximas fechas, supone otra medida más
de perdida de derechos y servicios que se añade a la “ ley de tasas judiciales”
que ya aprobó este gobierno.
La ley 20/2011 de 21 de julio, de
registro civil, aprobada por el partido socialista, preveía en su preámbulo la modernización
del registro civil a través de la informatización y su accesibilidad electrónica,
pero este gobierno ha decidido que el coste de la modernización no lo puede
asumir y para ello entregara a los Registradores la titularidad y beneficios
obtenidos a condición de su digitalización y modernización.
Esto supone que los registradores compraran sin
concurso el servicio y que ellos mismos lo gestionaran. Para ello se establecen
aranceles y tasas para la obtención de partidas de nacimiento, defunción o
matrimonio por ejemplo que hasta ahora son gratuitas.
En la actualidad la propia administración
solicita partidas de nacimiento para la obtención de un dni que a partir de la
aprobación de esta ley serán de pago, aunque la administración las exija
obligatoriamente, eso si ya no estarán expedidas por la autoridad judicial sino
por un registrador, ya que a partir de la puesta en marcha de esta ley, los
registradores sustituirán a los jueces del Registro Civil y este cuerpo se
queda con su autoridad para gestionar el mismo a semejanza del Registro de la
Propiedad o del Registro Mercantil.
Los registradores que han visto como su más
importante fuente de ingresos se ha visto devaluada por la ausencia de compra
de viviendas, han buscado otras fuentes
de negocio, y para ello no han dudado en
esquilmar un servicio público como el registro civil.
Esta reforma esta confeccionada
por el Director General de Registro y Notariados Joaquín Rodríguez, y el
Subdirector General de los Registros y del Notariado, Javier Vallejo ambos
registradores lo que suscita dudas jurídicas ya que existe un claro
conflicto de interés y sobre todo una actuación moral que es mas que evidente. Pero además
hay que destacar que el presidente del gobierno y su hermano también son
registradores y han ejercido presiones para que sus importantes emolumentos no
decaigan en tiempos de recortes y restricciones.
Este nuevo
atropello en el mundo de la justicia, desmonta un servicio publico para otorgárselo
regalado a un colectivo que solo busca su intereses particular a través de la
creación de tasas actualmente inexistentes para conseguir traspasar lo de todos
a una elite, la muestra clara de la ideología del gobierno del partido popular.
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