CARLOS BRAVO
Tras anunciar repetidamente que no se iba a subir el IVA, el
Ministro de Economía hace un anuncio, ¡con varios meses de antelación! de
incremento de 2 puntos porcentuales de este impuesto para 2013, evitando
mencionarlo directamente. Al tiempo, se anuncia la reducción de impuestos sobre
el factor trabajo, eufemismo que indica una eventual reducción de cotizaciones
sociales. Ambas cosas van acompañadas de un mensaje acerca de la conveniencia
de redistribuir las cargas fiscales, es decir, si interpretamos bien al
ministro, se trata de sustituir cotizaciones sociales por impuestos, avanzando
en un sistema de financiación mixto que, como todo, no es neutral.
Los Presupuestos Generales del Estado que se han remitido a
las Cortes prevén que la Seguridad Social acabe 2012 en equilibrio
prespuestario, no ocurrirá, lo sabemos.
El Gobierno sabe que con sus propias previsiones
macroeconómicas, un sistema que ha cerrado 2011 con un pequeño déficit como
consecuencia de la disminución de ingresos derivada del deterioro del empleo,
no puede invertir esa tendencia en 2012, en el que, desgraciadamente, todo
indica que se va a seguir destruyendo empleo, como el propio Gobierno reconoce.
Por tanto, blanco y en botella, si los gastos del sistema
evolucionan como es previsible incrementándose en torno a un 4% y los ingresos
por cotizaciones disminuyen, el resultado no será otro que un nuevo déficit,
que sin embargo no exige financiarlo con mas deuda pues desde 1995, venimos
construyendo, por consenso, un sistema que ha constituido reservas, que se
acercan a los 75.000 millones de euros entre el saldo del Fondo de Reserva de
la Seguridad Social y el Fondo constituido con los excedentes por contingencias
profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) que no
olvidemos, se producen, entre otras cosas, por que un buen número de
enfermedades de origen laboral no se reconocen como tales y su tratamiento se
deriva al sistema público de salud.
Por tanto, veremos un déficit en Seguridad Social a final de
año, superior al 0,5% del PIB y el Gobierno anuncia ahora una reducción de
cotizaciones sociales, incrementando irresponsablemente un problema, que es
perfectamente manejable.
La solución anunciada por el ministro de Economía parece ser
la de sustituir cotizaciones sociales por IVA, su lógica, disminuir el coste
del factor trabajo y sustituir esta vía de financiación de la Seguridad Social
por transferencias del Estado financiadas con imposición indirecta.
Pero esto puede y debe contarse de otro modo, explicando lo
que significa.
Reducir las cotizaciones sociales supone una transferencia
de rentas del trabajo hacia la retribución del capital, es una reducción
automática del coste del factor trabajo que se traslada directamente a la
cuenta de resultados de la empresa. Su sustitución por impuestos indirectos,
que tienen carácter regresivo, es decir, los soportan más, en términos
relativos, las rentas del trabajo, supone de hecho una recomposición de las
fuentes de financiación de la Seguridad Social elevando la carga que soportan
los trabajadores.
El Gobierno no aclara qué cotizaciones sociales pretende
rebajar
Si actúa sobre las cotizaciones por desempleo, el efecto anterior
se produce, si bien las prestaciones por desempleo ya tienen un sistema de
financiación mixto que supone que los años en los que las cotizaciones para
esta contingencia son superiores a los gastos (lo que ha ocurrido hasta 2007)
el exceso de recaudación no consumida mejora las cuentas del Estado. En sentido
contrario, cuando las cotizaciones no son suficientes, como ocurre en la
actualidad, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones por desempleo y
el gasto real en prestaciones por esa misma causa, se paga desde los
Presupuestos Generales del Estado. Es decir, se produce la transferencia de
rentas ya indicada pero no se afecta a la separación de fuentes de
financiación.
Sin embargo, si se reducen por ejemplo, las cotizaciones por
contingencias comunes, es decir las que financian las prestaciones por
jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento e incapacidad temporal, por
citar las mas importantes, se estaría incumpliendo uno de los ejes
fundamentales del consenso en materia de pensiones alcanzado en España desde
1995, el acuerdo de separación de fuentes de financiación de pensiones
contributivas.
Por otra parte, una eventual sustitución de cotizaciones
sociales, sean las que sean en este caso, tiene además otro efecto más. La
experiencia indica que las subidas del IVA se trasladan a precios, generando
inflación que es otra carga adicional de especial intensidad sobre las rentas
del trabajo.
Además, se trata de una operación que no es novedosa y que
no produce los efectos que nos anuncian.
En España, en 1995, se redujeron las cotizaciones sociales
en un punto porcentual, el mismo porcentaje que parece deducirse de las
proyecciones económicas que ha presentado el Gobierno. Al tiempo, se incrementó
el IVA en otro punto porcentual. Sin embargo, la recaudación del Estado se
resintió. El resultado fue, conforme a la información suministrada por el
Gabinete Económico Confederal de CCOO que, con un crecimiento del PIB nominal
del 7,8%, la inflación alcanzó un 3,6%, la perdida de recaudación en cuotas
sociales fue equivalente al 1% del PIB y el incremento de recaudación por IVA,
no se produjo, manteniéndose la recaudación del año anterior.
Por tanto, la experiencia nos indica que no se producen los
efectos que se pronostican y lo que sí ocurre de manera incuestionable es un
doble efecto en perjuicio de los trabajadores. Una transferencia de rentas del
trabajo al capital y una pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
La medida anunciada produce un doble efecto en perjuicio de
los trabajadores
En conclusión, pese a las medias palabras, el sorprendente e
innecesario anuncio con varios meses de antelación que parece enmarcarse en
esta hiperactividad, como pollos sin cabeza, al que nos están acostumbrando
nuestros gobernantes, el anuncio del ministro de Economía tras el Consejo de
Ministros mencionado contiene una carga de la suficiente importancia como para
evitar que pase inadvertida.
Profundiza en una apuesta por salir de la crisis abaratando
el coste del factor trabajo como estrategia fundamental, minorando la capacidad
económica de la mayoría de la
población, la que vive de las rentas del trabajo, en activo
o en prestaciones por desempleo.
En la misma línea que inspira la reciente reforma laboral,
rechaza establecer esfuerzos equilibrados para salir de la crisis, conjugando
el control de precios por parte del Estado y los compromisos de reinversión de
beneficio empresarial, como contrapartidas del esfuerzo de los trabajadores a
través de la moderación salarial, tal y como acordaron las organizaciones
empresariales y sindicales el pasado 25 de enero.
El mensaje del Gobierno parece claro, actuar al margen del
Diálogo Social y el consenso parlamentario. Ignorar la concertación social y
política como herramienta de gobierno equilibrado de esa difícil situación y
fomentar un reequilibrio de nuestro modelo de sociedad en detrimento de la
mayoría.
Se equivoca profundamente y hay que mantener el esfuerzo
para hacérselo entender o, simplemente, para que no tenga más remedio que
aceptarlo
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