La Plataforma Social en defensa del Estado
del Bienestar y los Servicios Públicos, rechaza los recortes de los
servicios públicos que se están realizando porque son ineficaces, la
mayoría no supondrán un ahorro real del gasto, son injustos, porque
priva del acceso a una sanidad, educación y atención a la dependencia de
calidad al conjunto de la ciudadanía, especialmente a los más
vulnerables (ancianos, enfermos y parados), además de insolidarios,
promueve que cada cual se pague lo suyo (copago sanitario y en
dependencia, eliminación de ayudas y becas de estudio, etc.).
El Gobierno sigue en su errática estrategia de reducir el gasto de las arcas públicas a costa de aumentar el gasto de las familias. Recaudar más dando menos servicios, es decir, el ahorro del mal gestor. La simpleza de estas propuestas nos lleva a pensar que sobra la mayoría de los cargos ministeriales y de comunidades autónomas.
La presión sobre los ciudadanos que viven en las ciudades y en los pueblos cada vez se hace más insoportable, cada vez se reducen más sus ingresos, gracias a la reforma laboral y a la supresión de la paga extra, al tiempo que aumentan sus gastos: subida del IVA, IRPF, gastos corrientes (luz, agua, gas), aumento del copago de los medicamentos y prestaciones sanitarias y de dependencia; educación cada vez más cara, y obligatoriedad de cotizar a los cuidadores no profesionales de personas dependientes.
El derecho a la protección de la salud que reconoce el Artículo 43 de la Constitución Española va camino de ser algo del pasado. Formalmente el derecho se mantiene, pero la obligación de los poderes públicos de garantizarla cada vez es menor. Pagamos por las prótesis o los medicamentos, en ocasiones el total de su coste, se ha empezado a cobrar por prestaciones hasta ahora gratuitas (ya pagadas a través de los impuestos) como el transporte sanitario y se estudia reducir los tratamientos y pruebas diagnósticas que hasta ahora incluía la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Los recortes en pruebas diagnósticas incrementarán el número de ciudadanos y ciudadanas que enfermarán (la incidencia de las enfermedades) así como empeorarán los pronósticos de las enfermedades (diagnósticos tardíos), por tanto, se ahorrará en prevención, pero se incrementará el gasto de los tratamientos, al final el ahorro será nulo y se empeorará la salud de la población. Lo mismo pasará con el recorte en ciertos tratamientos como la rehabilitación funcional que incrementará los tiempos de recuperación, más tiempo en situación de baja laboral, de tratamiento, más posibilidades de convertir en crónico episodios agudos. De continuar con esta dinámica, al final todos terminaremos obligados a realizar un "convenio especial" para poder tener una asistencia sanitaria con garantías.
Se expulsa o se reduce drásticamente la atención sanitaria a centenares de miles de inmigrantes, que quedan al margen de un derecho esencial, dificultando, aun más, su integración en la sociedad española. La educación obligatoria sigue siendo "gratuita", pero cada vez cuesta más a los ciudadanos. Las ayudas de estudios, libros y comedor se han suprimido o restringido tanto que solamente se puede tener acceso a las mismas si se está en riesgo de exclusión social, lo que pone en serios aprietos a las familias más desprotegidas (desempleados), ya que no tienen recursos para la compra del material (especialmente los libros de texto).
La eliminación o restricción de las ayudas de comedores complicará la búsqueda de empleo a los parados, sobre todo a las familias monoparentales, cada vez más habituales. Todavía más grave es la situación del alumnado universitario o FP cuya posibilidad de continuar con su formación estará absolutamente asociada a los recursos financieros de los padres después del brutal incremento de las matriculaciones y la restricción de las becas de estudios.
No hay personas más vulnerables que las dependientes, también a éstas se les recorta derechos, se reducen prestaciones económicas, aumenta el copago, y además a sus cuidadores no profesionales, generalmente familiares que dedican su vida al cuidado de estas personas, abandonando el mercado laboral, las obligaciones de cotización que se les quiere imponer les imposibilitará que el tiempo dedicado a estos cuidados se reconozca como tiempo trabajado a efectos de futuras pensiones.
Por todo ello, la Plataforma Social invita a toda la ciudadanía a participar en la marcha a Madrid convocada por la Cumbre Social, para el próximo 15 de septiembre.
El Gobierno sigue en su errática estrategia de reducir el gasto de las arcas públicas a costa de aumentar el gasto de las familias. Recaudar más dando menos servicios, es decir, el ahorro del mal gestor. La simpleza de estas propuestas nos lleva a pensar que sobra la mayoría de los cargos ministeriales y de comunidades autónomas.
La presión sobre los ciudadanos que viven en las ciudades y en los pueblos cada vez se hace más insoportable, cada vez se reducen más sus ingresos, gracias a la reforma laboral y a la supresión de la paga extra, al tiempo que aumentan sus gastos: subida del IVA, IRPF, gastos corrientes (luz, agua, gas), aumento del copago de los medicamentos y prestaciones sanitarias y de dependencia; educación cada vez más cara, y obligatoriedad de cotizar a los cuidadores no profesionales de personas dependientes.
El derecho a la protección de la salud que reconoce el Artículo 43 de la Constitución Española va camino de ser algo del pasado. Formalmente el derecho se mantiene, pero la obligación de los poderes públicos de garantizarla cada vez es menor. Pagamos por las prótesis o los medicamentos, en ocasiones el total de su coste, se ha empezado a cobrar por prestaciones hasta ahora gratuitas (ya pagadas a través de los impuestos) como el transporte sanitario y se estudia reducir los tratamientos y pruebas diagnósticas que hasta ahora incluía la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Los recortes en pruebas diagnósticas incrementarán el número de ciudadanos y ciudadanas que enfermarán (la incidencia de las enfermedades) así como empeorarán los pronósticos de las enfermedades (diagnósticos tardíos), por tanto, se ahorrará en prevención, pero se incrementará el gasto de los tratamientos, al final el ahorro será nulo y se empeorará la salud de la población. Lo mismo pasará con el recorte en ciertos tratamientos como la rehabilitación funcional que incrementará los tiempos de recuperación, más tiempo en situación de baja laboral, de tratamiento, más posibilidades de convertir en crónico episodios agudos. De continuar con esta dinámica, al final todos terminaremos obligados a realizar un "convenio especial" para poder tener una asistencia sanitaria con garantías.
Se expulsa o se reduce drásticamente la atención sanitaria a centenares de miles de inmigrantes, que quedan al margen de un derecho esencial, dificultando, aun más, su integración en la sociedad española. La educación obligatoria sigue siendo "gratuita", pero cada vez cuesta más a los ciudadanos. Las ayudas de estudios, libros y comedor se han suprimido o restringido tanto que solamente se puede tener acceso a las mismas si se está en riesgo de exclusión social, lo que pone en serios aprietos a las familias más desprotegidas (desempleados), ya que no tienen recursos para la compra del material (especialmente los libros de texto).
La eliminación o restricción de las ayudas de comedores complicará la búsqueda de empleo a los parados, sobre todo a las familias monoparentales, cada vez más habituales. Todavía más grave es la situación del alumnado universitario o FP cuya posibilidad de continuar con su formación estará absolutamente asociada a los recursos financieros de los padres después del brutal incremento de las matriculaciones y la restricción de las becas de estudios.
No hay personas más vulnerables que las dependientes, también a éstas se les recorta derechos, se reducen prestaciones económicas, aumenta el copago, y además a sus cuidadores no profesionales, generalmente familiares que dedican su vida al cuidado de estas personas, abandonando el mercado laboral, las obligaciones de cotización que se les quiere imponer les imposibilitará que el tiempo dedicado a estos cuidados se reconozca como tiempo trabajado a efectos de futuras pensiones.
Por todo ello, la Plataforma Social invita a toda la ciudadanía a participar en la marcha a Madrid convocada por la Cumbre Social, para el próximo 15 de septiembre.
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