jueves, 18 de octubre de 2012

LA VUELTA DE LOS GRISES



 El Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, ha afirmado literalmente, que prohibirá "la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando".

El propio director ha afirmado que "Solo desde el reconocimiento de la inmensa labor de las fuerzas de seguridad es como podremos progresar en el logro de una sociedad mas justa, más segura y pacífica".

A esta reforma anunciada hoy hay que sumarle las reformas ya anunciadas tanto de la Ley de seguridad Ciudadana, que contemplará como sanción manifestarse con la cara cubierta, como el anteproyecto de reforma del código penal que variará el delito de atentado incluyendo en él todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate. Igualmente  la acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel.

Todos estos cambios legales están basados, según sus propias palabras, en conseguir una sociedad más justa, más segura y pacífica, pero la realidad es bien distinta. Basta ojear el anuario estadístico del Ministerio del Interior, que se encuentra en la página web del Ministerio para darse cuenta de lo irreal y demagógico de estas afirmaciones.

El último año recogido  es 2011, durante ese año se han celebrado mas de 21.000 manifestaciones de las cuales 368 han tenido algún tipo de incidencias, pero de estas solo en 17 manifestaciones han intervenido las fuerzas de seguridad, lo que demuestra claramente que las afirmaciones del Director de la Policía no se sostienen y son falsas.

Es evidente que lo único que persiguen los cambios legales emprendidos por el Ministerio del Interior y el de Justicia es penalizar y dificultar el derecho de los ciudadanos a manifestar sus opiniones en la calle de manera pacifica.

Los recortes en derechos son la bandera de este gobierno, que esta dispuesto a justificar lo que sea y como sea con el único objetivo de cercenar los derechos de los ciudadanos, porque no es comprensible que se produzcan el doble de altercados y sanciones en lo referido a la violencia en el deporte que en materia de reuniones y manifiestaciones, pero las modificaciones se tomen específicamente sobre estas ultimas.  

Por último las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son un colectivo que realiza su trabajo bajo la supervisión política en los temas referentes a las derechos de reunión y manifestación, así que señor Director deje de utilizar a la policía para justificar su vuelta al pasado, el Cuerpo Nacional de Policía está muy por encima de usted y como ciudadanos no podemos ni debemos permitir que un político utilice a su antojo a unos empleados públicos.

miércoles, 10 de octubre de 2012

LAS MENTIRAS DE BETETA

 
La comparecencia del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en el Congreso de los Diputados para presentar los presupuestos este lunes ha sido una nueva burla a los empleados públicos.

El señor Beteta durante su intervención sobre los presupuestos para 2013 en la Comisión de Presupuestos del Congreso ha afirmado -sin sonrojarse- que el número de empleados públicos ha aumentado en 2.467 trabajadores más respecto a 2011, para ello facilito los siguientes datos "las administraciones autonómicas han aumentado sus plantillas en casi 9.600 personas, mientras el Estado redujo su personal en casi 11.000 personas y los ayuntamientos en cerca de 50.000". Parece mentira que ni el propio Secretario de Estado sea capaz de sumar y restar adecuadamente, si hay 9.600 empleados públicos más en las Comunidades Autónomas y 61.000 menos en el Estado y la Local, ¿cómo es posible que crezcan las plantillas 2.467 trabajadores. Con estos cálculos no es de extrañar que luego los presupuestos no cuadren.

Según sus afirmaciones, entre enero de 2011 y enero de 2012, la plantilla de trabajadores públicos aumentó un 0,09%. Para hacer esta comparación, el secretario de Estado utiliza los datos del Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Publicas de junio de 2011, que tiene fecha de junio de 2011 casi hace un año y medio donde aparecen 2.685.837 empleados públicos, los mismos que aparecen en la Web de su ministerio.

Una vez más el secretario de Estado presenta a los empleados y empleadas públicas como los culpables de la crisis, para legitimarse en la necesidad de reducir el empleo público. Esta retórica del excesivo número de empleados públicos se repite sistemáticamente por parte de los algunos miembros del Gobierno. Pero mientras el Ejecutivo da unos datos, con más de 1 año de retraso, que cualquiera puede comprobar en la Encuesta de Población Activa (EPA) de que en los últimos 9 meses, las Administraciones Publicas han perdido 180.000 puestos de trabajo. La pérdida de puestos es generalizada desde hace nueve meses pero lo es aún más en el segundo trimestre de 2012, en el que el paro en el sector público ha sido de 63.000 personas mientras que en el sector privado ha descendido en 16.000 trabajadores y trabajadoras.

Estos datos demuestran claramente que la única intención política de este Gobierno es desmontar lo público, insistiendo machaconamente en que hay muchas empleadas y empleados públicos, mientras la EPA muestra que actualmente el sector público es el que esta perdiendo más puestos de trabajo. Su objetivo es claro: justificar el recorte brutal de empleo público.

Pero no contento con eso, parece que el secretario de Estado tiene que insultar el intelecto de todo nuestro país, ya que afirma que se produce un incremento de plantillas en las Administraciones Publicas cuando sabe que existe una tasa de reposición que él fijó en cero de forma general para 2012.

El secretario de Estado no ha hecho ninguna mención de los recortes que pretende aplicar desde su departamento como la reducción de las prestaciones sociales de MUFACE, la congelación salarial de todos los empleados públicos, la tasa de reposición "0" o el nuevo recorte en acción social que viene a sumarse al ya aplicando en 2012.

Al máximo responsable de la Función Publica Española solo le es útil el desprestigio de las y los empleados públicos, ya que su objetivo es desmontar piedra a piedra cada una de las administraciones y empleos públicos que existen en nuestro país.

lunes, 8 de octubre de 2012

PRESUPUESTOS 2013: RECORTES SOLO PARA ALGUNOS





Los Presupuestos Generales del Estado para 2013  arrojan un  dato en materia de personal que en estos tiempos de recortes a los empleados públicos es deleznable, este gobierno con total impunidad presenta una presupuestos generales donde el número de funcionarios/as y personal laboral es menor mientras que el altos cargos y personal de confianza es mayor.



Los Presupuestos Generales del Estado cifran el gasto de personal en los 27.338 millones de euros (presupuesto en un 1,2% menor que el año 2012) . En el mismo texto se dice que  en 2013 existirán 474.605 l funcionarios del Estado, lo que en la práctica  supone un descenso del 2,2% respecto al año anterior. En lo referente al personal  laboral fijo (56.056),  la perdida casi alcanza el 6% del existente en el año 2012.

Pero curiosamente mientras los recortes llegan a los funcionarios y al personal laboral, estos no afectan al número de altos cargos que  aumenta más de un 4%  pasando de 436 a 455 y al personal que mantiene el mismo número que en 2012, exactamente 842.

Esto demuestra la doble moral que usa este Gobierno que mientras  recorta derechos, pagas extras, vacaciones y puestos de trabajo a una parte alegando motivos de austeridad, continúa favoreciendo a unos pocos, los más próximos y cercanos, colocados en las categorías más altas, a pesar de que perciben sus retribuciones de los mismos presupuestos generales del estado.

Este Gobierno que pide sacrificios, parece solo aplicarlos a una determinada clase de empleados públicos aquellos que no son sus amigos y que no ocupan puestos de alto cargo o personal de confianza. Este Gobierno, una vez más, pide esfuerzos a los empleados y empleadas públicas, a los que luego hace culpables de la crisis y les acusa de ser los causantes de la misma.

Este Gobierno, que repite incansablemente que existen muchos funcionarios, en un sentido peyorativo,  parece olvidar que los presupuestos están inflados y que no lo están por  el número de empleados y empleadas públicas, cada vez menor, sino por el de altos cargos y personal eventual, que lejos de animorar aumenta, con el consiguiente aumento del gasto público.

Este gobierno que sí  aplica medidas de austeridad en la Administración del Estado también tiene que aplicarlas al personal eventual y al personal de alta dirección, con la finalidad de reducir el déficit de las Administraciones Públicas y por el bien de toda la ciudadanía que deje de recortar personal al servicio de lo público y de desmantelar  el Estado de Bienestar


miércoles, 3 de octubre de 2012

LAS MANIFESTACIONES VISTA POR CIFUENTES




La delegada del Gobierno en Madrid, la Señora Cristina Cifuentes, con sus  declaraciones sobre   el derecho de reunión y manifestación ha mostrado claramente que no quiere que se aplique la constitución. Sus afirmaciones de que la ley es "muy permisiva y amplía"  y que habría que "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público", deja bien a las claras el pensamiento  fascista que intenta imponer. 


La justificación de que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada".  remarcan la escasa importancia que le otorga a los derechos ciudadanos y a la constitución. 

Su grado de prepotencia se pone de manifiesto cuando afirma textualmente que "El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas", como si los casi 6 millones de parados, los empleados públicos, los defensores de la educación publica, o de la sanidad publica, no tuvieran motivos mas que sobrados para estar cada día manifestado su disconformidad ante un gobierno que ha incumplido su programa y que esta deslegitimado para gobernar.
Cristina Cifuentes pretende modificar una Ley Orgánica de 1983,que según sus declaraciones  "tiene muchos años", lo más curioso de esta representante del gobierno en Madrid, es la escasa importancia que le da a la convocatorias de manifestaciones y a los posibles actos violentos, habiendo permitido la convocatoria de la manifestación de la plataforma de empleados públicos el sábado 25 de septiembre cuando por la tarde ese mismo día permitía una manifestación de la extrema derecha en contra de los sindicatos.
La delegada del Gobierno en Madrid pretende que  la reforma  de a la Administración "cierto margen para modificar las horas, cambiar determinados recorridos”, es decir quiere decidir ella cuando y donde los ciudadanos deben de manifestarse, lo que claramente supone un atentando a las libertades civiles.
Para continuar con las sandeces la señora Cifuentes ha señalado que lo único que pueden hacer contra, por ejemplo, los cortes indiscriminados de tráfico que todos los viernes protagonizan” grupos de liberados sindicales que trabajan en los Ministerios que van cortando de manera indiscriminada las calles" es identificarles y sancionarles administrativamente, esta señora parece desconocer que los que cortan el trafico son empleados públicos molestos con las medidas de recorte aplicadas por el gobierno al que ella representa en la capital.  
 Este conjunto de declaraciones  ponen a la Delegada del Gobierno de Madrid fuera del marco constitucional, ya que pretende interpretar , modificar y alterar la constitución, lo que por si solo debería de bastar para que dimitiera, pero si eso no es suficiente debería de asumir las responsabilidades por los incidentes provocados por la policía en la estación de Atocha o en algunos de los bares de la zona centro el pasado fin de semana y por ultimo señora Cifuentes cumpla la ley, la constitución y las resoluciones judiciales, porque usted simplemente es una asalariada publica.