sábado, 15 de diciembre de 2012

LAS PENSIONES RECORTADAS NUEVO TIMO DEL GOBIERNO



El recorte de las pensiones y el proyecto de modificación de los criterios de jubilación son materias que para este gobierno eran intocables, pero una vez mas vuelve a cambiar su criterio con una pasmosa facilidad. Ambas medidas contribuyen al empobrecimiento de la sociedad española, pero en concreto la no subida de las pensiones y su próxima adaptación a un criterio diferente al ipc marca la ultima linea roja que este gobierno le quedaba por traspasar.

El recorte es una medida injusta e inútil que ahonda en las erróneas políticas de austeridad a ultranza que se vienen desarrollando en España, retirando 2.000 millones de € del consumo inmediato, las pensiones van fundamentalmente a consumo inmediato, y una cantidad algo superior en cada uno de los próximos años. Con ello, se intensifica el descenso de  la actividad económica con repercusiones también negativas sobre el empleo.

Las pensiones es España son escasas y esto se demuestra ya que  casi el 30% de las pensiones públicas son pensiones mínimas, lo que esta muy por encima de la media de la unión Europa.

La perdida de las pensiones en los últimos años ha hecho que  ninguna de las cerca de 9 millones de pensiones públicas que existen se revalorizarán en 2012 y perderán poder adquisitivo (-1,9%).  Igualmente este año las pensiones (que ya estuvieron congeladas en 2011) sólo han subido un 1%, lo que vuelve a producir, un año más, una pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas, aún más grave cuando otras medidas de ajuste desarrolladas por el Gobierno les han afectado de manera especialmente intensa (las medicinas por ejemplo).

Este gobierno continua atacando a los mas debiles y a los que tiene mas a mano, a los empleados públicos sin paga extra este año, a los jubilados sin revalorizar sus pensiones, a todos a través de las tasas judiciales o del desmembramiento de la sanidad o de la educación.

Es necesario recuperar los derechos y volver a hacer de todos aquellas cosas que tanto esfuerzo ha costado mantener.

jueves, 6 de diciembre de 2012

GALLARDON REGALARA EL REGISTRO CIVIL



El Ministerio de Justicia  pretende ceder al  Colegio de Registradores el Registro Civil  lo que le costara a los registradores  más de 300 millones de euros lo que, en definitiva, supone la privatización del registro y un nuevo trasvase de un servicio publico al beneficio de unos pocos.

La reforma integral de los Registros Civiles que esta ya cerrada a través de un anteproyecto de ley que aprobara el Consejo de Ministros en las próximas fechas, supone otra medida más de perdida de derechos y servicios que se añade a la “ ley de tasas judiciales” que ya aprobó este gobierno.

La ley 20/2011 de 21 de julio, de registro civil, aprobada por el partido socialista, preveía en su preámbulo la modernización del registro civil a través de la informatización y su accesibilidad electrónica, pero este gobierno ha decidido que el coste de la modernización no lo puede asumir y para ello entregara a los Registradores la titularidad y beneficios obtenidos a condición de su digitalización y modernización.

Esto  supone que los registradores compraran sin concurso el servicio y que ellos mismos lo gestionaran. Para ello se establecen aranceles y tasas para la obtención de partidas de nacimiento, defunción o matrimonio por ejemplo que hasta ahora son gratuitas.

En la actualidad la propia administración solicita partidas de nacimiento para la obtención de un dni que a partir de la aprobación de esta ley serán de pago, aunque la administración las exija obligatoriamente, eso si ya no estarán expedidas por la autoridad judicial sino por un registrador, ya que a partir de la puesta en marcha de esta ley, los registradores sustituirán a los jueces del Registro Civil y este cuerpo se queda con su autoridad para gestionar el mismo a semejanza del Registro de la Propiedad o del Registro Mercantil.

 Los registradores que han visto como su más importante fuente de ingresos se ha visto devaluada por la ausencia de compra de viviendas, han  buscado otras fuentes de negocio, y para ello no han dudado en  esquilmar un servicio público como el registro civil. 
                
Esta reforma esta confeccionada por el Director General de Registro y Notariados Joaquín Rodríguez, y el Subdirector General de los Registros y del Notariado, Javier Vallejo  ambos  registradores lo que suscita dudas jurídicas ya que existe un claro conflicto de interés y  sobre todo una actuación  moral que es mas que evidente. Pero además hay que destacar que el presidente del gobierno y su hermano también son registradores y han ejercido presiones para que sus importantes emolumentos no decaigan en tiempos de recortes y restricciones. 

Este nuevo atropello en el mundo de la justicia,  desmonta un servicio publico para otorgárselo regalado a un colectivo que solo busca su intereses particular a través de la creación de tasas actualmente inexistentes para conseguir traspasar lo de todos a una elite, la muestra clara de la ideología del gobierno del partido popular.