martes, 24 de abril de 2012

HOLA PROPAGANDA

 
Javier Jimenez Martin

El Consejo de Ministros del pasado viernes, ha aprobado mediante  un nuevo Real Decreto Ley (16º desde la conformación del nuevo gobierno) la modificación de la Ley de la Corporación RTVE y en esta ocasión, de nuevo, acude a la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para su promulgación lo que  aparte de chusco, resulta insultante.

Así mismo, se ha acordado  la remisión al Congreso del Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en lo relativo a la regulación de los canales autonómicos de televisión.
Finalmente, han cedido a la caverna mediática y a numerosas voces del PP que se han venido manifestando por dar un puñetazo en la mesa para acabar “con el intolerable tratamiento de los informativos de RTVE hacia el Partido Popular y el Gobierno” a la vez que el desgaste acelerado ante la opinión pública que sufren, fruto de sus decisiones y mentiras, se justifican en “fallos en la política de comunicación”.

No les bastaba con el TDT Party, ni con la abrumadora mayoría de prensa escrita de derechas, ni con la concentración de medios generalistas en manos de dos grandes grupos como MEDIASET (Tele5) y Antena 3, que controlan la mitad de los canales que permite el sistema de Televisión Digital Terrestre y que en lo referente a la publicidad se quedan directamente con todo el pastel de ingresos, más del 85%.

En conclusión, el pluralismo televisivo que ofrece el mercado, después de conceder el estado licencias para más de treinta canales, se ha quedado en dos y desde el punto de vista informativo, la pluralidad de los medios públicos salvo RTVE, es la que conocemos.

Se arremete contra el servicio público de la radiodifusión estatal en un paso más para acabar con todo lo público en España. Un paso más para cercenar los derechos de la ciudadanía, en este caso el derecho fundamental a la información plural y veraz. Volvemos a una radiotelevisión pública de partido político dominante, se retrocede para volver a épocas que parecían superadas de control político.
El gobierno se exonera a sí mismo del compromiso de buscar el consenso que establecía la ley y se busca la utilización partidista de los medios públicos. Se acaba con la dedicación exclusiva de los miembros del Consejo de Administración a excepción del Presidente de la Corporación y, como no, se expulsa a los sindicatos del mismo.

La reforma por trámite de urgencia de la LGCA, de la que los medios destacan que da vía libre a la eventual privatización de los canales públicos autonómicos, atenta contra el principio de libertad de información y pluralidad.

Convendría no dejarse engañar por los titulares ya que mientras que en la justificación de la reforma se cita genéricamente la externalización o cesión de la producción de programas, la modificación propuesta solo introduce como novedad eliminar la prohibición de ceder a terceros la producción de informativos, ya que con la regulación en vigor, es potestad de los poderes públicos determinar el catálogo de programas protegidos o excluidos de la cesión en el ejercicio de sus funciones legislativas, exceptuando estos.
Conviene recordar que la LGCA es una ley de bases, lo que implica que esta medida podría ser también de aplicación a RTVE.

Actualmente se dispone por parte de las diferentes administraciones en el uso de sus competencias, de flexibilidad suficiente para determinar a que programas no le será de aplicación la prohibición de cesión a terceros mediante lo que se estipule en cada mandato marco, salvo los programas informativos que no son elegibles.

En otro orden de cosas, la gestión indirecta de los programas informativos, haría irrelevante el papel de los Consejos de Informativos constituidos en los operadores públicos, al no ser extensible sus funciones frente a terceros, siendo los Consejos de Informativos elemento esencial para garantizar la independencia, objetividad, pluralidad y calidad de los servicios públicos de comunicación audiovisual, así como un adecuado ejercicio en el desempeño profesional de los informadores.

Con respecto a la pretendida búsqueda de eficiencia económica en la utilización de los recursos públicos, no deja de ser un nuevo pretexto, ya que la regulación europea especifica que las ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión se justifican por que “Los servicios públicos de radiodifusión, a pesar de tener una importancia económica evidente, no son comparables con los servicios públicos de ningún otro sector económico. No existe ningún otro servicio que, simultáneamente, tenga un acceso tan amplio a la población, le proporcione tal cantidad de informaciones y contenidos y, de este modo, transmita las opiniones individuales y la opinión pública e influya tanto en las mismas.”

Estas directrices obligan a que, para que las compensaciones no sean consideradas ayudas estatales, los parámetros del cálculo de la compensación deben establecerse de forma objetiva y transparente definidas en un acto público formal y, para evitar el falseamiento de la competencia, no debe superar el coste neto soportado por la empresa por el funcionamiento del servicio sobre la base de un análisis de los costes necesarios para poder satisfacer las exigencias de servicio público determinadas por los poderes públicos.
Los pretendidos diferenciales positivos obtenidos por la producción por parte de terceros de los programas informativos o los establecidos en los diferentes mandatos marco, solo pueden obedecer al erróneo cálculo realizado por sus gestores en la determinación de sus costes actuales (que no ha sido puesta de manifiesto por las autoridades comunitarias ni por las autoridades audiovisuales competentes) o a la disminución de los medios utilizados en su producción, lo que conllevaría una modificación a la baja de las exigencias de servicio público requeridas, no producidas hasta la fecha, con consecuencias graves en la calidad y pluralidad de los mismos.

En resumen, ambas medidas están destinadas por igual a socavar la pluralidad y la veracidad, quieren acabar con todo y ahora le toca el turno a la radiotelevisión pública,  acabando con la información para que se imponga la propaganda.

domingo, 22 de abril de 2012

ADIOS A LA UNIVERSIDAD


Como siempre últimamente los viernes tenemos recortes. Cada vez que se reúne el Consejo de Ministros es para anunciarnos medidas de austeridad bajo las mismas premisas de esto es lo único que se puede hacer y amparándose en la herencia que nos han dejado.
Entre las medidas aprobadas este viernes se encuentra el aumento de los precios públicos universitarios (tasas universitarias) curioso al menos que solo hace una semana se creara un grupo de expertos para el estudio de la situación universitaria y en una semana sin que el grupo se haya reunido ya se anuncian aumentos increíbles.
En la actualidad la primera matrícula se encuentra en el 10% del coste real y tras la modificación del Gobierno subirá a una horquilla de entre el 15% y el 25%. Para los repetidores las cosas se ponen aún más feas: La segunda matrícula cubrirá entre el 30 y el 40 por 100 del coste real. La tercera matrícula entre el 65 y el 75 por 100. Y la cuarta matrícula entre el 90 y el 100 por 100 del coste real.
El problema de subir las tasas universitarias es que  hay mucha gente que no se podrá permitir estudiar. Gente que, gracias a estudiar en la universidad, podría tener unas rentas mayores (incluso ahora sigue habiendo menos paro entre los licenciados). Si se suben las tasas estás imposibilitando el acceso de las clases económicamente bajas a la universidad y limitando que personas capaces puedan progresar en la vida por motivos económicos.
Este gobierno demuestra una vez más que en esta época de crisis no pretende reformar nada, ni salir de las crisis a través de invertir en ciencia, investigación y desarrollo, lo único que hace es recortar. Estamos perdiendo una oportunidad de reformar el acceso y la financiación de la universidad, estas nuevas medidas no van encaminadas a mejorar la universidad, sino a crear una universidad elitista, bajo la excusa de  reducir su déficit.
La conclusión es que se suben las tasas, se bajan las becas, todo para reducir el déficit universitario, todo sin tener en cuenta las rentas de las familias, lo que permitiría el acceso y el pago universitario según las rentas de cada una.

jueves, 19 de abril de 2012

REPAGO SANITARIO


La Ministra de Sanidad ha anunciado que el próximo viernes el Consejo de Ministros  aprobara  las nuevas medidas de  repago que se centraran en los medicamentos. La justificación de esta  medida  se basa primero en la necesidad de recortar el gasto farmacéutico, ya que según el gobierno los españoles hacemos un uso excesivo de ellos y por otro lado para hacer frente a la crisis creando para ello un sistema basado en la  progresividad para el pago farmacéutico. En realidad lo único que han creado es un sistema para pagar u recaudar mas, sea por la vía que sea.

Pagar más puesto que las medidas que ahora se implantan tienen la justificación de la universalidad de la farmacología pública pero en el fondo, sólo se tapa un déficit presupuestario que se ha decidido solucionar parcialmente por la vía de los ingresos. Si realmente se quiere imponer un sistema  progresivo de pago, habría que  cambiar el sistema fiscal y la finalidad de los impuestos y que los fármacos que ya pagamos todos se paguen realmente de manera proporcional a la renta de cada uno, para ello también se debe eliminar los céntimos sanitarios en la contribución impositiva en los carburantes que al final pagamos todos por igual cuando vamos a repostar.


 Todas las medidas de este gobierno y buena parte de las del anterior implican más carga fiscal y menor renta disponible, lo que supone en definitiva menos dinero para todos y menor gasto. Pero estamos pagando ahora los enormes derroches de algunos en obras faraónicas que nunca debieron hacerse, estamos pagando la escasa visión de nuestros políticos que por tener un aeropuerto o una estación de ave, nos han hipotecado durante varias generaciones.  

Cada medida que se aprueba en un paso atrás, es una puñalada que le damos  a  nuestra economía y al crecimiento de nuestro país. Hoy es el copago sanitario, mañana será otra cosa, pero todo pasa al final por pagar más, por exprimirnos euro a euro, para que los ciudadanos dejen de tener dinero y este se transfiera al estado para que puedan hacer frente a todos los excesos que ellos mismos han cometido, al final la crisis la estamos pagando unos pocos mientras que muchos otros continúan sin saber de que va esto.


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viernes, 13 de abril de 2012

EL CAFELITO


En   su participación en el Foro Aragonex, hoy  Beteta ( secretario de Estado de Administraciones Publicas)  ha subrayado que "nada será como antes" y que los trabajadores que estén al servicio del sector público o del sector privado, deben ser conscientes de la necesidad de una formación permanente para ser más efectivos.

 Así, ha señalado que los trabajadores deben "olvidarse del cafelito y de leer el periódico" y ser más productivos, con responsabilidad y humildad, "que no sumisión".

Estas afirmaciones, dejan entrever la idea que el Secretario de Estado tiene de los empleados públicos, vuelve a cargar contra  nosotros  como si fuéramos los responsables de la crisis.

Políticos mediocres como el, han contribuido a la desintegración de la función publica española, vaciándola de contenido y de funciones, pero pocos secretarios estado de función publica se han atrevido a realizar comentarios como este, que lo único que aporta es más saña contra los empleados públicos.

Señor Beteta, debería de dimitir, debería  irse porque seguro  que usted con su sueldo y sus responsabilidades lee varios periódicos a diario, toma vaios cafés y seguro que come en buenos restaurantes, por lo que su productividad será escasa y su rendimiento esta claro ninguno.


jueves, 12 de abril de 2012

LA CALLE NO ES TUYA


El Ministro del Interior es  consciente de que los recortes sociales y la reforma laboral van a  provocar protestas. Ante esta escalada de la tensión social, el Gobierno  ha decido reformar completamente  el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, me ha recordado a los ministros de la gobernación, tanto en su forma de explicar las reformas como en el talante que ha utilizado. La  ha justificado en la sesión de control del Congreso alegando que es necesario luchar contra  la espiral de violencia  de los antisistemas, van más allá del control del orden publico.

Cuando un gobierno de un país democrático propone como delito  el "atentado a la autoridad por  la resistencia pasiva o activa " demuestra que quiere acabar no solo con las “revueltas”  si no que quiere  acabar con toda forma de combatir pacíficamente opiniones contrarias a sus medidas.  

Cuando los ciudadanos decidan convocar actos no autorizados por  la Delegación de Gobierno, pueden desde ese momento ser imputados si se sientan, por ejemplo, en la calle y no se levantan, esto es gráficamente lo que propone el gobierno.

La reforma propuesta prevé  también que sea considerado "delito de integración en organización criminal" difundir a través de Internet y las redes sociales las convocatorias "violentas" y que "alteren gravemente el orden público", que podrían ser todas aquéllas que no hayan sido notificadas y que se nieguen a abandonar el lugar pese al aviso de la Policía como ocurrió el 15 de mayo y los días posteriores en la Puerta del Sol de Madrid.
Otra medida, que recoge la propuesta, es que se considerará como agravante cuando las conductas violentas se produzcan en manifestaciones o concentraciones y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos. En este sentido, se ampliará la cuantía de los daños no sólo a los que se produzcan en establecimientos, sino también a los que se deriven por la interrupción de cualquier servicio público.

Todas estas medidas suponen un retroceso de los libertades ciudadanas, un paso atrás que nos devuelve a épocas franquistas y que hará que este país tenga que empezar a construir muchas mas prisiones porque los ciudadanos continuarán manifestando su descontento en la calle y porque aunque este ministro crea que la calle es suya, hoy  y mañana la calle siempre será de los ciudadanos.

LAS MENTIRAS DE LOS PRESUPUESTOS


Revisando detenidamente los presupuestos generales para el año 2011 me he quedado perplejo, no por los recortes que se anuncian y que se pueden ver claramente, sino por lo que no cuentan y que sin embargo también está ahí.

Me voy a detener en el capitulo 1 de los presupuestos y en concreto en los de la Sección 16 “Ministerio del Interior”.

Los recortes en Acción Social y Formación ya eran conocidos y están plasmados en los presupuestos, pero dentro del capitulo 1 me ha sorprendido un dato en el programa 131-M ( Servicios Centrales del Ministerio): se incrementa la productividad  que pasa de 5.551.720  euros  en 2011 a 5.845.660 en 2012;  es decir alrededor de 300.000 euros más. Esta cantidad puede parecer pequeña pero hay varias razones que la hacen grande. Si estudiamos otros programas el incremento también aparece, da igual que sea el 132-A Seguridad Ciudadana (que por cierto se incrementa en 8 millones de euros), o incluso Seguridad Vial que también tiene un incremento, aunque en este caso  muy pequeño.

Las razones que hacen grandes estas cantidades son dos: la primera es que el Real Decreto Ley 20/2011 establece en su articulo 2 punto 6 la disminución de un 10% de la productividad de los altos cargos del departamento. La pregunta entonces es ¿Dónde se destina este aumento?

La segunda  razón es que la amortización de puestos ha dejado a los servicios centrales con menos personal del que tenían hace un año, personal que también cobraba productividad y que en algunos casos se ha perdido ya que en 2011 sólo se ejecutó el 78% del presupuesto total de la misma.

Con estas dos premisas todos los funcionarios destinados en los Servicios Centrales del Departamento, en la Policía, en la Guardia Civil o  en Tráfico que cobran productividad deberían ver como esta se incrementa, pero estoy “casi” seguro que no será así, por tanto, una vez mas y seguramente los mismos serán los que se beneficien de una subida importante mientras la mayoría seguirá igual, por no hablar de la reciente subida del IRPF que aún ha devaluado más nuestros salarios.


lunes, 9 de abril de 2012

EL FRAUDE FISCAL

PACO AGOSTO

¨Teniendo en cuenta que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, se puede cuantificar en una cifra aproximada de 280.000 millones de euros las cuotas tributarias no ingresadas, y que con una actuación decidida del gobierno, aprobando las medidas adecuadas, podrían ingresar en las arcas públicas¨. José María Peláez ha sido Presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, APIFE
Este es unos de los problemas serios del país y que apostando por algunas medidas, resolvería el 35% de la deuda. Si lo unimos a la evasión de capital, francamente los recortes anunciados y los pendientes de anunciar después de la elecciones Andaluzas, no serían necesarios. Hay mas áreas donde se puede recortar, como en gastos militares, o en guerra que no sabemos lo que pintamos en ellas, que nos cuestas algunos hospitales y escuelas que están en pésima condiciones.
Pero realmente queremos acabar con esta situación, o es que la  misma crisis les viene bien para que su ideología ultraliberal bien dirigida  se imponga por la fuerza de los hechos para ello.
Hablamos del fraude fiscal del fontanero, del chapucero,  del autónomo, a veces obligado por que los clientes que no quieren IVA. Como siempre acusando al sector más débil, ocultando al verdadero defraudador; los grandes capitales y grandes empresas. Tendríamos que saber las declaraciones de los Botín, González [BBVA], los dirigentes empresariales, él presidente de la CEOE y su junta directiva, él presidente de REPSOL, ENDESA, etc.
No seré yo quien diga no a la  investigación de todo tipo de fraude, pero si tenemos en cuenta la rentabilidad del esfuerzo, que tanto cacarean los dirigentes económicos, hay entonces,  que dirigir los esfuerzos hacia donde tengamos mayores resultados. Investigar a un fontanero o chapucero  nos dará un  rendimiento como máximo  2000 euros. Investigar a grandes defraudadores, según los inspectores de hacienda, nos dará millones de euros, concentrado en menos defraudadores. Las cosas están claras.
Porqué no lo harán los gobiernos, pues sencillamente ellos representan a estos sectores, y no a la gran masa productiva, ni a los ciudadanos españoles.
Los defraudadores y los evasores de capital, [Urdagarin, como ejemplo] son los que se llenan la boca de palabrería  como: patria, bandera, España, una, grande y libre.
El sistema financiero, ha sido el defensor en nombre de la libertad, que después acotaron:  a libertad de mercado, de la libre circulación, pero no de ciudadanos, sino de capitales, para poder cambiarlo de sitio cuando interese, evadirse de rendir y dar cuenta en los lugares donde se produjo su enriquecimiento.
Combatir el fraude es progresista, y en estos momentos  se convierte en la piedra angular en defensa de los derechos esenciales que consagra la Constitución, mandatando a los poderes públicos para su cumplimiento. En esto, este gobierno la Constitución se lo pasa por el forro.
En estos momentos plantear  una Agencia Tributaria, independiente, donde el director general lo elija las Cortes Generales. Independiente del Gobierno, es hoy una reclamación justa, para el bien de los ciudadanos. Por el contrario este Gobierno ya ha marcado su línea de actuación , en el que no se contempla la lucha contra la corrupción y a los hechos me remito, desmantelamiento de la cúpula antifraude de la Agencia Tributaria, nombramiento de una Sra., implicada en el caso GESCARTERA, como valor para su designación.  Todo  para evitar las investigaciones sobre corrupción, (Gurtel, nuevo caso en Valencia de ayuda al exterior).
Todo lo están centrando en el paro, que evidentemente es el mayor problema que tiene este país, pero no nos puede hacer perder de vista que la solución no es  la contrarreforma  laboral, sino conseguir que pagué impuesto todo el mundo y no solamente los que tienen nómina. El principio de que pagué más el que más tiene, es un principio, justo. Y que los capitales fugado vuelvan al  lugar donde se obtuvieron.
Los medios que disponen las fuerzas conservadoras son importante y los ciudadanos de a pie tienen pocos, pero, el  más importante es la unidad de trabajadores. En esto es esencial el sindicalismo, al cual, como he dicho en otro artículo, está sometido a una campaña feroz y que ha calado, mintiendo sobre su financiación. Los sindicatos el año pasado subieron en  800.000, nuevos afiliados, siendo ya más  dos millones y pagando su cuota de la que se mantienen. En España a pesar de ser reconocidos en el preámbulo de la Carta Magna, no sé le dio la fuerza ni el reconocimiento que tiene en otras países, como la ¨admirada¨ Alemania. Ahora en nuestro país son los malos de la película.
La estrategia de la derecha y de los defensores del liberalismo a ultranza, es difundir, airear pequeña miseria, crear división en las fuerzas progresistas de la sociedad, que somos mayoría, para conseguir sus objetivos.
Viene un cuatrienio negro para el bienestar y el bien común. Cuatros años de recortes y de venta de los bienes de los españoles.  Cuatros años de desmantelamiento del poco Estado del Bienestar, que teníamos. No veremos la lucha contra el fraude fiscal, porque este es parte intrínseca del sistema que defiende Rajoy y los suyos.

domingo, 8 de abril de 2012

¿Es España un Protectorado alemán?

 Eduardo Gutierrez 


El imperialismo alemán aporto al colonialismo duro practicado por los imperios europeos en África, y en Asia, los Protectorados, que resultaban tan efectivos como las colonias, pero más baratos para las metrópolis. Se invadían territorios bajo la presión de las cañoneras, para a continuación imponer Gobiernes, Cónsules, ó Sultanes, si era el caso, a los que obligaban a suscribir acuerdos que permitían a las elites europeas satisfacer las  mismas  ambiciones, pero sin las responsabilidades, y costes que exigían las colonias. Ya no interesaba la conquista y la explotación directa del territorio, que se deja en manos de las oligarquías y burguesías locales. Los Protectorados permitían controlar los recursos naturales, los comerciales, los económicos, y políticos, mediante gobiernos  títere, que practicaban las políticas dictadas desde la metrópoli. Nueva Guinea fue protectorado alemán desde 1884 hasta 1914. Francia declaro bajo su protección amiga, esto es tutela militar y económica, gran parte del Marruecos Occidental en 1911. España, impuso su protectorado sobre la zona oriental de Marruecos de 1912 a 1956. En la práctica los gobiernos del protectorado mantenían una sumisión total a las metrópolis que les imponían (¡imponen!) reformas Constitucionales, políticas de Gastos e Ingresos Públicos, provocaban (¡provocan!) destituciones de gobiernos democráticamente elegidos, y todo ello, contra la voluntad de esos mismos Gobiernos: “En los Presupuestos hay muchas cosas que no nos gustan a los miembros del Gobierno, pero la alternativa es infinitamente peor” (Rajoy, dixit), mostrando claramente los auténticos intereses soberanos a los que atienden esos mismos gobiernos títeres.
Las practicas de las oligarquías de Alemania en el seno de la UE, y su intransigente imposición del papel del Banco Central Europeo, –al que a diferencia del Banco de Inglaterra, o Japón, o México o Estados Unidos, no le dejan financiar directamente a los Estados–, del Pacto del Euro ó el reciente Pacto Fiscal, recuerdan de forma escalofriante a las imposiciones de las metrópolis en pleno imperialismo. Han perdido incluso el pudor, y se atreven a valorar y emitir juicios públicos sobre las movilizaciones de los países bajo su protectorado, como ha ocurrido con el ministro de finanzas alemán W.Schäuble cuando señala publicamente que “la huelga general no tuvo bastante apoyo como para impedir que el Gobierno continúe con las reformas, que son necesarias”; (EP, 31.03.2012); y exigen pleitesía preferente a los enviados de la metrópoli, como hemos visto en la previa, a la llegada al Congreso de los Diputados de los Presupuestos 2012, con la recepción del Gobierno del PP, a la delegación del partido CDU encabezada por V. Kauder, presidente del grupo parlamentario.
En este marco porque no preguntarse: ¿Es España ya un protectorado alemán?  ¿Es el modelo de UE impuesto por las oligarquías alemanas y francesas, en realidad un imperialismo que cercena las soberanías nacionales de los estados miembros?.