domingo, 26 de febrero de 2012

PASADO Y FUTURO




En una oleada de recortes, de políticas conservadoras, en una época donde los derechos retroceden, hay que recordar los hitos históricos de este país, hay que poner en valor los acontecimientos que marcaron a nuestro país.

 Tal día como hoy de 1932 la II Republica aprobaba la ley del Divorcio. Una ley en un país católico, una ley que tardaría muchos años en volver a existir, una ley que fue aprobado por amplia mayoría de las cortes republicanas incluidos sacerdotes.
El discurso de Lopez Doriga, hoy seria impensable. Nuestro país sufre un grave problema de  criterio, no valoramos las causas y los efectos de las leyes que se aprueban, hemos renunciado a nuestra soberanía, a nuestro pensamiento, estamos renunciando a todo bajo la premisa de que esto es lo que hay. Necesitamos recordar que nuestro destino no esta en manos del BCE, de Alemania, de los mercados, nuestro destino esta en nuestras manos, no  nos resignemos, luchemos por no retroceder.



26 de Febrero de 1932. Se aprueba la Ley del Divorcio

Se procede a la votación definitiva de la ley del divorcio, en forma nominal, a petición del grupo agrario. Queda aprobado por 260 votos contra 23, cantidad suficiente porque el quorum es de 233.
La señorita Campoamor se adhiere a la votación, por telégrafo, desde Irún. El señor LÓPEZ DORIGA (sacerdote) habla para explicar su voto en favor del divorcio.
Dadas las circunstancias que rodean mi personalidad — dice — me van a permitir
Ss. Ss. muy breves palabras para explicar mi voto. La doctrina católica en materia matrimonial puede concretarse en dos puntos: La defensa de que a los católicos les .está prohibido el divorcio civilmente y la determinaron justa que hace el Estado democrático y  moderno de que no tenga que adaptarse a las disposiciones católicas el que no quiera hacerlo. Termina expresando su convencimiento de que no ha sido posible confeccionar una ley mejor.


viernes, 24 de febrero de 2012

CIERRA PUBLICO PERDEMOS PLURALIDAD



El diario Público en su ediccion de papel ha cerrado, lo que supone la perdida de la unica cabecera nacional de prensa progresista, mientras cierra Publico, la prensa de la derecha crece con medios tan retorcidos como la Gaceta o la Razon. Es curioso contemplar que un pais que tiene un amplio voto de izquierdas no es capaz de mantener periodios de esa tendencia ideologica, mucho tenemos que aprender de otros paises europeos donde la pluralidad editorial es total, y no como en el nuestro donde la pluralidad esta en decir si quieres prensa de extrema derecha, derecha o centro. Mi apoyo a los trabajadores de Publico en estos momentos dificiles. 
 

Carta de los Trabajadores de Publico:

Los trabajadores de Público lamentamos el cierre de la edición de papel, que supone la pérdida de una voz crítica indispensable para la pluralidad informativa y de pensamiento. La empresa ha comunicado que la edición digital del diario se mantiene, pero no ha concretado en qué condiciones se mantendrá a los trabajadores ni durante cuánto tiempo ni con qué intención.

Aunque la empresa editora había sugerido lanzar dos números más del diario, los trabajadores consideran que en esta situación sería una tomadura de pelo tanto para la plantilla como los lectores. Lo consideramos un último gesto de dignidad profesional ante la mala gestión de la empresa. El diario de hoy, viernes 24 de febrero, es el último ejemplar de 'Público' en su edición de papel.

Desde que hace dos meses la empresa diera a conocer el concurso de acreedores, los trabajadores hemos apostado, con responsabilidad, por mantener el proyecto, a pesar de la incertidumbre sobre su continuidad y la situación de plantilla y colaboradores. En este periodo de tiempo, independientemente del dinero que se nos adeuda, los trabajadores hemos mantenido la calidad del diario y nuestro compromiso con los lectores. Compartimos con ellos un punto de vista ideológico que busca denunciar, con rigor y profesionalidad, las injusticias sociales y los efectos de la crisis.

Esperamos que, dado que la plantilla y los colaboradores han estado a la altura de las lamentables circunstancias, Mediapubli sea fiel ahora a sus pretendidos principios progresistas y ofrezca a los trabajadores las mejores condiciones posibles para su salida.

Los trabajadores agradecemos a los lectores las numerosas muestras de apoyo que hemos recibido durante este duro periodo.

martes, 21 de febrero de 2012

DEFENDAMOS NUESTROS SERVICIOS PÚBLICOS GARANTÍA DE IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL




Estas son las mentiras que nos cuentan:

1ª Mentira: La deuda pública es la causante de la crisis.

Al contrario. La deuda pública, que tampoco es tanta si la comparamos con la de Alemania y Francia, es consecuencia de la crisis. Más concretamente, del dinero que el Estado ha destinado a taponar los agujeros producidos por la banca y también del que se ha tenido que dedicar a mitigar las situaciones originadas por el auge salvaje del paro, originado en buena parte por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Mientras que, por otra parte, ha habido una disminución drástica de los ingresos del Estado, debido a la quiebra en cadena de miles de empresas que no reciben los préstamos bancarios.

2ª Mentira: No hay más opción que recortar

No es así. Se pueden y deben incrementar los ingresos, especialmente si se persigue con eficacia el fraude fiscal; y también se puede reducir la inversión militar, ahorrar en medicamentos dando prioridad a los genéricos, ahorrar en energía, revisar los conciertos con centros educativos de élite y las exenciones religiosas. Las políticas de recortes en los servicios públicos obedecen a una opción ideológica, que asfixian la economía de un país e incrementan el paro.

3ª Mentira: Sobran empleados públicos

La realidad demuestra lo contrario. En nuestro país, hay 6,5 empleados públicos por cada 100 habitantes, mientras que en el resto de Europa hay 15.

4ª Mentira: Hay un exceso de gasto público

En absoluto. Este argumento es una burda generalización, que esconde el despilfarro en el que han incurrido algunas administraciones, más preocupadas por la ostentación que por ofrecer unos servicios de calidad. En 2010, el gasto público español equivalía al 45% del PIB, 5,3 puntos por debajo de la media de los 27 países de la Unión Europea. En lo que respecta al capítulo de personal, la mayoría de empleadas y empleados públicos son mileuristas, o ni siquiera llegan a esa cifra a final de mes.

5ª Mentira: La oferta privada puede sustituir a la pública

Quienes defienden esta afirmación esgrimen que el sector privado gestiona mejor que el público y resulta más barato. Nada más alejado de la realidad. La crisis ya está demostrando los perjuicios de las privatizaciones sobre los profesionales y los usuarios. La empresa privada nunca asume los servicios que no generan beneficios, porque anteponen estos últimos a la calidad de los mismos.




LA REFORMA NO LLEGA QUIEREN MAS




El presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, ha planteado que los parados puedan dejar de cobrar la prestación por desempleo en el momento en que rechacen la primera oferta de trabajo, sea donde sea aunque sea en Laponia.

Esta afirmación es suficiente para dejar claro que la patronal Española, se siente crecida, se siente respaldada tras la reforma laboral y por eso se atreven con comentarios de este calado.

Cuando uno lee esto lo primero que le viene a la cabeza es ( lo vamos a omitir), pero luego pensándolo un poco lo que quiere es, tener un ingeniero, trabajando de auxiliar, pagándole como trabajador de telepizza.

Si este país fuera como el resto de Europa, la clase empresarial omitiría esos comentarios, porque sabría  que la gente no renuncia a un trabajo digno con 5 millones de parados, la mayor parte de ellos no cobrar ninguna ayuda, las personas en paro no renunciarían a un salario digno, a un horario digno.

 Pero lo que no podemos tolerar es la esclavitud en el siglo XXI, no podemos consentir que porque alguien preparado para ser medico y con un carnet B por ejemplo rechace un trabajo de repartidor simplemente porque tiene un carnet para conducir.

Hay que hacer planteamientos mas reales, con mas sentido común, con mas responsabilidad, eso que últimamente escasea en los dirigentes de la CEOE que estan muy contentos y eufóricos creyendo que ahora el mundo laboral es completamente suyo.

jueves, 16 de febrero de 2012

LA CONCILIACIÓN BRILLA POR SU AUSENCIA

 

Que España, nunca ha apostado por la conciliación es conocido, pero que abordemos una reforma laboral  y que no se toque nada sobre conciliación demuestra una vez más lo mal pensada y lo ineficaz que va a ser esta reforma. Abordar politicas de conciliación permite flexibilización, permite creación de puestos de trabajo y permite desarrollo social y humano. Todo esto que podria ser util es reconvertido en esta reforma en un nuevo esperpento que no aporta nada y que en todo caso lo unico que hace es restar,  lo que demuestra que otra vez perdemos el tren de parecernos a Europa. 

Estas son  las escasas variaciones que se pueden encontrar:

El permiso por lactancia solo podra ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen, antes lo podrian disfrutar indistintamente el padre o la madre, ahora solo uno.  

En lo referente a la  reduccion de jornada por guarda legal se alude expresamente a la jornada diaria.

Los convenios colectivos podran establecer criterios para la concreción horario de la reduccion de jornada en atencion a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y las necesidades productivdas y organizativas de la empresa. Antes era el trabajador el que decidia ahora la empresa decide con los representantes de los trabajadores un paso atras importante.

Todas estas modificaciones se encuentra en  la Disposicion Final 1. Modificacion en materia de conciliación de la vida laboral y familiar.

Del articulado vigiente en el estatuto de los trabajadores se ha  modficado  el articulo 37 apartados 4, 5 ,6. 

Por último os dejo este video que ha sido galardonado con el 2 premio en el festival de cine sociolaboral, el corto representa con una especial contundencia la situación de muchos padres hipotecados por el trabajo y sus condiciones que sin otro remedio desatienden a sus hijos, tu que opinas?.



miércoles, 15 de febrero de 2012

REFORMA LABORAL Y DESPIDOS

Tal y como anuncie en el ultimo post este blog y por tanto yo estamos en guerra abierta en contra de la reforma laboral aprobada el viernes por el consejo de ministros.

Para empezar, o mejor dicho para continuar ire desgranado poco a poco las medidas que incorpora este real decreto ley. Iniciamos esta serie hoy con los despidos, algo que este real decreto ley ha dejado en la minima expresión. reduciendo de forma salvaje en la mayoría de los casos e incluso dejándolo gratis en la nueva modalidad contractual.

 Los Despidos Procedentes:
Tendrán una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para todos los trabajadores.

Causas de aplicación de un despido procedente: Cuando una empresa tenga pérdidas actuales o previstas o tenga una disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas durante 3 trimestres consecutivos. Por faltas de asistencia del trabajador, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, (de esto haremos un post especial)

Los Despidos Improcedentes:
La indemnización de estos pasa a ser de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades a partir de febrero de 2012, y de 45 días por año trabajado y hasta un máximo de 42 mensualidades acumulables hasta el 13 de febrero de 2012.

Esta es una primera parte, en la que brevemente expongo los despidos, ya hablaremos de las condiciones laborales, de los convenios colectivos, de los eres, de las etts, de los despidos en las administraciones publicas, del contrato para emprendedores.etc. Todo esto pretende explicar detenidamente y por partes este decreto que es la mayor atentado a los derechos de los trabajadores de la “democracia” española.

sábado, 11 de febrero de 2012

REFORMA LABORAL


Cuando de Guindos se jactaba de que la reforma iba a ser amplia y profunda tenia razón. Esta reforma laboral es la más salvaje, brutal, amplia, y desequilibrada de la historia de nuestro país. Esta reforma suprime tantos derechos, modifica tanto la legislación laboral que deja al trabajador en una situación de desamparo total ante el empresario. Esta reforma junto con algunas otras medidas acordadas por el partido popular en los últimos días, nos ha hecho retrotraernos socialmente a los años 70.

Ayer cuando la vicepresidenta y la ministra de empleo presentaron en rueda de prensa la reforma, se olvidaron de muchos detalles, eso que todos conocemos como la letra pequeña. Cuando uno concluye la lectura del decreto este no es duro, no es agresivo es mucho peor es violento. La reforma laboral es violenta con los trabajadores
Es violenta porque generaliza los 20 días de indemnización por despido, introduce por primera vez el despido libre y gratuito. Esto se explica cuando uno ve que se crea un contrato con prueba de un año en el que no hay indemnización cuando te echen a la calle.

Introduce el descuelgue salarial en las relaciones laborales lo que va a permitir a los empresarios que te modifiquen unilateralmente el salario dándote la opción de acogerte al despido de 20 días si no aceptas. Facilita los descuelgues de convenios, facilita el despido colectivo sin que sea necesaria la autorización de la autoridad laboral, equipara las ETT con los servicios de empleo, obliga a los parados a realizar prestaciones a la comunidad. Todas estas medidas significan una agresión sin precedentes a los derechos de los trabajadores, que ya de por si últimamente vienen siendo recortados reforma tras reforma.

Quería hacer una mención especial a la aplicación de los ERES en las administraciones públicas, que introduce la posibilidad de que el gestor, el político de turno irresponsable y que cobra del erario publico, pueda decidir por los mismos motivos que un empresario que arriesga su dinero a quien despide y como.
Según parece este gobierno entiende que el problema del paro lo crean los altos sueldos de los trabajadores de este país, los altos costes de indemnización por despido, los cumplimientos de los convenios. Este gobierno que no es de derechas sino de extrema derecha, no tiene más ideas que devaluar los salarios, las condiciones de trabajo de los trabajadores españoles, destruir la calidad de vida, mientras se comprueba que los culpables siguen exprimiendo las mismas recetas, las que ahora están llevando a Grecia a la ruina social y económica.

Los trabajadores de esta país, debemos de salir a la calle, para denuncia todas la mentiras que nos están contando, para denunciar que la crisis no es culpa nuestra, que no se pueden pedir sacrificios siempre a los que menos tienen, que no se puede sostener un capitalismo salvaje, especulador y desregulador que quiere acabar con nuestra sociedad y la de nuestros hijos, solo para seguir ganando mas dinero.
El futuro es violento. Nos lo jugamos en la calle el próximo día 19 como inicio de una presión al gobierno a la que hay que contestarles con unidad de todos los trabajadores y llenando las calles. Este blog y su creador ya han iniciado la lucha.

viernes, 10 de febrero de 2012

JOSEP FONTANA HABLA DE CRISIS


Más allá de la crisis (Habla Josep Fontana)


De lo que quisiera hablarles no es tanto de la crisis actual como de lo que está ocurriendo más allá de la crisis: de algo que se nos oculta tras su apariencia. Para explicarlo necesitaré empezar un tanto atrás en el tiempo.



Nos educamos con una visión de la historia que hacía del progreso la base de una explicación global de la evolución humana. Primero en el terreno de la producción de bienes y riquezas: la humanidad había avanzado hasta la abundancia de los tiempos modernos a través de las etapas de la revolución neolítica y la revolución industrial. Después había venido la lucha por las libertades y por los derechos sociales, desde la Revolución francesa hasta la victoria sobre el fascismo en la Segunda guerra mundial, que permitió el asentamiento del estado de bienestar. No me estoy refiriendo a una visión sectaria de la izquierda, ni menos aun marxista, sino a algo tan respetable como lo que los anglosajones llaman la visión whig de la historia, según la cual, cito por la wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”.

Hasta cierto punto esto era verdad, pero no era, como se nos decía, el fruto de una regla interna de la evolución humana que implicaba que el avance del progreso fuese inevitable –la ilusión de que teníamos la historia de nuestro lado, lo que nos consolaba de cada fracaso-, sino la consecuencia de unos equilibrios de fuerzas en que las victorias alcanzadas eran menos el fruto de revoluciones triunfantes, que el resultado de pactos y concesiones obtenidos de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas.

Para decirlo simplemente, desde la Revolución francesa hasta los años setenta del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario: primero fueron los jacobinos, después los carbonarios, los masones, más adelante los anarquistas y finalmente los comunistas. Eran en realidad amenazas fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de convertirse en realidad; pero ello no impide que el miedo que despertaban fuese auténtico.

En un artículo sobre la situación actual de Italia publicado en La Vanguardia el pasado mes de octubre se podía leer: “los beneficios sociales fueron el fruto de un pacto político durante la guerra fría”. No sólo durante la guerra fría, a no ser que hablemos de una “guerra” de doscientos años, desde la revolución francesa para acá. Lo que este reconocimiento significa, por otra parte, es que ahora no tienen ya inconveniente en confesar que nos engañaron: que no se trataba de establecer un sistema que nos garantizase un futuro indefinido de mejora para todos, sino que sólo les interesaba neutralizar a los disidentes mientras eliminaban cualquier riesgo de subversión.

Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba más claro que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones –en 1968 se habían desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga-, ni tenían la fuerza suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a partir de entonces cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los burgueses decidieron que no necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así siguen hoy.

Déjenme examinar esta cuestión en su última etapa. El período de 1945 a 1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una época en que un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo a que aumentaba la productividad, y con ellos crecía la demanda de bienes de consumo por parte de los asalariados, lo cual conducía a un aumento de la producción. Es lo que Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton, describe como el acuerdo tácito por el que “los patronos pagaban a sus trabajadores lo suficiente para que éstos comprasen lo que sus patronos vendían”. Era, se ha dicho, “una democracia de clase media” que implicaba “un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno, entre las élites y las masas”, que garantizaba un reparto equitativo de los aumentos en la riqueza.

Esta tendencia se invirtió en los años setenta, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera consecuencia de la crisis económica había sido que la producción industrial del mundo disminuyera en un diez por ciento y que millones de trabajadores quedaran en paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos. Estos fueron, por esta razón, años de conmmoción social, con los sindicatos movilizados en Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que permitió retrasar aquí unas décadas los cambios que se estaban produciendo ya en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo el patrocinio de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que éste era el momento para iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado de bienestar y de liberalización de la actividad empresarial.

La lucha contra los sindicatos se completó con una serie de acuerdos de libertad de comercio que permitieron deslocalizar la producción a otros países, donde los salarios eran más bajos y los controles sindicales más débiles, e importar sus productos, con lo que los empresarios no sólo hacían mayores beneficios, al disminuir sus costes de producción, sino que debilitaban la capacidad de los obreros de su país para luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo y de su remuneración: los salarios reales bajaron en un 7 por ciento de 1976 a 2007 en los Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis.

Asi se inició lo que Paul Krugman ha llamado “la gran divergencia”, el proceso por el cual se produjo un enriquecimiento considerable del 1 por ciento de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás. En los Estados Unidos, que citaré con frecuencia por dos razones –porque disponemos de buenas estadísticas sobre su evolución y porque lo que sucede allí es el anuncio de lo que va a pasar aquí más adelante-, se pudo ver en vísperas de la crisis de 2008 que este 1 por ciento de los más ricos recibía el 53 por ciento de todos los ingresos (esto es más que el 99 por ciento restante).

En las primeras etapas este proceso tal vez resultaba poco perceptible; pero cuando sus efectos se fueron acumulando acabaron despertando la conciencia de una desigualdad social en constante aumento. En mayo de 2011 Joseph Stiglitz publicó un artículo que se titualaba: “Del 1%, para el 1% y por el 1%”, donde decía que los norteamericanos, que estaban contemplando cómo se producían en muchos países, por ejemplo en los de la primavera árabe, protestas contra regímenes opresivos que concentraban una gran masa de riqueza en las manos de una élite integrada por muy pocos, no se daban cuenta de que esto ocurría también en su propio país.
Este del 1 por ciento ha sido uno de los lemas principales de los movimientos de ocupación que se han desarrollado en diversas ciudades norteamericanas. Pero Krugman ha hecho un análisis aún más afinado que muestra que es en realidad el 0’1 %, esto es el uno por mil de los norteamericanos, los que concentran la mayor parte de esta riqueza. “¿Quiénes son estos del 1 por mil?, se pregunta ¿Son heroicos emprendedores que crean lugares de trabajo? No. En su mayor parte son dirigentes de compañías (...) o ganan el dinero en las finanzas”.
Los resultados a largo plazo de la gran divergencia, que se iniciaba en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los años setenta y se extendió después a Europa, transformaron profundamente nuestras sociedades. Las consecuencias de una inmensa redistribución de la riqueza hacia arriba no sólo se han manifestado en el empobrecimiento relativo de los trabajadores y de las clases medias, sino que han dado a los empresarios una influencia política con la cual, a partir de ese momento, les resulta cada vez más fácil fijar las reglas que les permiten consolidar su poder.
Esta redistribución hacia arriba no es el resultado natural del funcionamiento del mercado, como se pretende que creamos, sino el de una acción deliberada. Su origen es netamente político. El primer programa que inspiró este movimiento lo expresó Lewis Powell en agosto de 1971 en un “Memorándum confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa”, escrito para la “United States Chamber of Commerce”, que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. Powell denunciaba el riesgo que implicaba el avance en la sociedad norteamericana de ideas contrarias al “sistema de libre empresa”, expuestas no sólo por extremistas de izquierda, sino por “elementos totalmente respetables del sistema”, e insistía en la necesidad de combatirlas, sobre todo en el terreno de la educación.
El memorándum tenía una primera parte sobre la amenaza que representaban los “estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas y los científicos”, y proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, para lo cual pedía a las organizaciones empresariales que actuasen con firmeza. No me ocuparé ahora de esta batalla de las ideas, que ha llegado hoy al extremo de proponer la eliminación de la escuela pública, sino de otra parte del memorándum que tendría consecuencias más inmediatas y trascendentales. Powell advertía: “No se debe menospreciar la acción política, mientras esperamos el cambio gradual de la opinión pública que ha de conseguirse a través de la educación y la información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de que el poder político es necesario; que este poder debe cultivarse asiduamente y que, cuando convenga, hay que usarlo agresivamente y con determinación”.

Para emprender este programa se necesitaban organizaciones empresariales potentes, que dispusieran de recursos suficientes. “La fuerza reside en la organización, en una planificación y realización persistentes durante un período indefinido de años”. Este llamamiento a la lucha política tuvo efectos de inmediato en la actividad de las asociaciones empresariales y sobre todo de la “United States Chamber of Commerce”, que pretende ser hoy “la mayor federación empresarial del mundo, en representación de los intereses de más de 3 millones de empresas”. Estas asociaciones no solo emprendieron grandes campañas de propaganda, sino que acentuaron su participación en las campañas electorales a través de Comités de Acción Política, en una actividad que ha aumentado considerablemente desde 2009, tras la decisión del Tribunal supremo Citizens United, que ha liberalizado las inversiones de las empresas en la política, en nombre del derecho a la libre expresión (esto es, considerando a las empresas como personas y atribuyéndoles los mismos derechos). La gran cuantía de recursos proporcionados por los empresarios explica, por ejemplo, que la United States Chamber of Commerce invirtiese en las elecciones norteamericanas de 2010 más que los comités de los dos partidos, demócrata y republicano, juntos.

No se trata tan sólo de donativos para las campañas, sino también de formas diversas de pagar sus servicios a los políticos, entre ellas la de asegurarles una compensación cuando dejan la política. Y, sobre todo, de la aactuación constante de los llamados “lobbyists”, que atienden las peticiones de los políticos. En el pasado año 2011 se calcula que las empresas han gastado 3.270 millones de dólares en atender a los congresistas y a los altos funcionarios federales. Las 30 mayores compañías gastaron entre 2008 y 2010 más en esto que en pagar impuestos.

¿Que ha conseguido el mundo empresarial con este asalto al poder? En julio del año pasado, Michael Cembalest, jefe de inversiones de JPMorgan Chase, escribía, en una carta dirigida tan sólo a sus clientes, que se conoció porque la descubrió un periodista, que “los márgenes de beneficio han conseguido niveles que no se habían visto desde hace décadas”, y que “las reducciones de salarios y prestaciones explican la mayor parte de esta mejora”. “La compensación por el trabajo está en los Estados Unidos en la actualidad al mínimo en cincuenta años en relación tanto con las cifras de ventas de las empresas como del PIB de los Estados Unidos”.

Otro beneficio indiscutible ha sido la disminución de sus contribuciones al sostén del estado. El peso político creciente de las empresas ha conducido a la situación paradójica de que éstas escapen a la fiscalidad por la doble vía de negociar recortes de impuestos y exenciones particulares, y de tener libertad para aflorar los beneficios en las subsidiarias que tienen en paraísos fiscales, donde apenas pagan impuestos. Un estudio de noviembre de 2011 concluye que el conjunto de las 280 mayores empresas de los Estados Unidos no han pagado en los tres años últimos más que un 18’5 % de sus beneficios. Pero es que una cuarta parte de éstas han pagado menos del 10%, y 30 de las más grandes no han pagado nada en tres años, sino que encima han recibido devoluciones. Lo que se dice de las empresas se aplica también a los empresarios: de 1985 a 2004 los 400 americanos más ricos han pasado de pagar un 29 por ciento de sus ingresos a tan sólo un 18 por ciento, mucho menos que los pequeños comerciantes o los trabajadores a sueldo. Y cuando Obama pretendió que quienes ganasen más de un millón de dólares al año pagasen el mismo tipo que el ciudadano medio norteamericano, no consiguió que el congreso aprobase la medida. Como ha dicho Stiglitz "Los ricos están usando su dinero para asegurarse medidas fiscales que les permitan hacerse aun más ricos. En lugar de invertir en tecnología o en investigación, obtienen mayores rendimientos invirtiendo en Washington”.

Hay un tercer aspecto de estos beneficios que es la desregulación de la leyes que controlan algunos aspectos de la actividad empresarial. Un estudio reciente de dos economistas del Fondo Monetario Internacional, que han analizado el papel de las contribuciones económicas de las empresas en la política, llega a la conclusión, que les leo literalmente, de que “el gasto realizado está directamente relacionado con la posibilidad de que un legislador cambie de postura en favor de la desregulación”. Esto, que en el sector de la industria les ha permitido reducir, o incluso anular, los gastos relacionados con el control de la polución, ha tenido en la actividad financiera unas consecuencias que son las que han conducido directamente a la crisis de 2008.

Gracias a la supresión de controles sobre sus actividades, que culminó durante la presidencia de Clinton, las entidades financieras pudieron lanzarse a un juego especulativo con derivados y otros productos de alto riesgo, que parecían más propios de un casino de juego que de la banca, mientras los dirigentes de la Reserva Federal estimulaban el optimismo de los especuladores, rebajando los tipos de interés y animando al público a que gastase, a que comprase casas con créditos hipotecarios e invirtiese en operaciones financieras de riesgo.

Esta fiebre especuladora se producía en un país que, como resultado de su desindustrialización, estaba convirtiendo en una actividad fundamental el sector FIRE (Finance, Insurance and Real Estate; o sea Finanzas, seguros y negocio inmobiliario). Una desindustrialitzación semejante se ha producido en Gran Bretaña, que de ser “la fábrica del mundo” quiso convertirse en “el banco del mundo”, y que vive ahora con la angustia de lo que puede suceder si pierde esta gran fuente de exportación de servicios, teniendo en cuenta la situación de una economía en que “la demanda doméstica será probablemente escasa en muchos años (...), mientras los consumidores se esfuerzan en hacer frente a sus deudas y el gobierno batalla por reducir el déficit presupuestario”.

Nuestra situación es más compleja, ya que si bien hemos perdido el tejido industrial tradicional, contamos con una consideable industria de propiedad extranjera a la que proporcionamos trabajo barato, o sea que nos ha tocado el papel de receptores de la industria que otros países más prósperos deslocalizan, y que conservaremos mientras les sigamos garantizando salarios bajos. Lo cual me mueve a preguntarme cómo se explica que, si el trabajo de nuestros obreros es poco competitivo, como se argumenta para proponerles rebajas de sueldos y derechos, Volkswagen, Ford, o Renault se vengan a fabricar coches aquí. En lo que sí nos vamos pareciendo a las economías avanzadas es en el peso dominante que ha adquirido entre nosotros el sector financiero.

La influencia política adquirida por los empresarios explica por qué, cuando se ha producido la crisis -en Norteamérica, en Gran Bretaña o en España- el estado ha corrido a salvar las empresas financieras con rescates multimillonarios; pero no ha hecho un esfuerzo equivalente por remediar la situación de los muchos ciudadanos que pierden sus hogares, al ser incapaces de seguir pagando las hipotecas, ni por asegurar estímulos a las actividades productivas con el fin de combatir el paro.

Lejos de ello, lo que se ha hecho, para justificar los sacrificios que se están imponiendo a la mayoría, es difundir la fábula de que la crisis económica se debe al excesivo coste de los gastos sociales del estado, y que la solución consiste en aplicar una brutal política de austeridad hasta que se acabe con el déficit del presupuesto, lo cual, como veremos, resulta imposible a partir de esta política.

Merece la pena escuchar esta historia como la cuenta Krugman: “En el primer acto los banqueros se aprovecharon de la desregulación para lanzarse a una especulación desbordada, hinchando las burbujas con préstamos incontrolados; en el segundo las burbujas estallaron y los banqueros fueron rescatados con dinero de los contribuyentes, mientras los trabajadores sufrían las consecuencias, y en el tercero, los banqueros decidieron emplear el dinero que habían recuperado en apoyar a políticos que les prometían bajarles los impuestos y desmontar las pocas regulaciones que se habían impuesto tras la crisis”. ¿Piensan ustedes que esta es una historia exótica, que sólo puede referirse a los Estados Unidos? Pues no; nosotros también tuvimos una burbuja inmobiliaria desbordada, hinchada con los créditos que concedieron bancos y cajas de ahorro. Ahora estamos en el segundo acto, el del rescate “mientras los trabajadores sufren las consecuencias”. Nos queda el desenlace, ese tercer acto que, si no se hace algo para evitarlo, será parecido: esto es, que se recuperarán los bancos, pero no los puestos de trabajo, tal como está ocurriendo hoy en los Estados Unidos.

Nadie ignora que la austeridad es incompatible con el crecimiento económico. Peter Radford lo sintetiza en pocas palabras: “La austeridad disminuye una economía. Es un acto de retroceso. Disminuye la demanda. Los ingresos caen. Pagar las deudas a partir de una menor cantidad de dinero significa que hay menos dinero para otros gastos. Del crecimiento se pasa a la decadencia”.

Una revisión del pasado demuestra que la política de austeridad nunca ha funcionado y que no tiene sentido en la situación actual. Lo sostiene, por ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, quien, tras haber analizado comparativamente la crisis económica de los años treinta, las décadas perdidas de Japón y la crisis actual en Estados Unidos y en la “eurozona”, concluye que:

“Aunque evitar el gasto público exagerado es el modo adecuado de proceder cuando el sector privado de la economía está en plena forma y maximiza los beneficios, nada resulta peor que la restricción del gasto público cuando un sector privado en mal estado está reduciendo sus deudas”. Actuar sobre una economía que ahorra pero no invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar su situación. Koo sostiene que la crisis, que empezó en el sector inmobiliario estadounidense, sigue siendo una crisis bancaria, que ha acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos problemas se resuelven “con una sobredosis de ajustes” y con reformas constitucionales “es un completo disparate”.

Más contundente aun es la opinión que Krugman ha expresado esta misma semana: “Lo más indignante de esta tragedia es que es totalmente innecesaria. Hace medio siglo, cualquier economista (…) os podía haber dicho que austeridad en tiempos de depresión era una muy mala idea. Pero los políticos, los entendidos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, sobre todo por razones políticas, olvidar lo que sabían. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su deliberada amnesia”.

No ha sido la deuda pública la causa de la crisis de los países del sur de Europa. Un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los problemas de estos países no proceden de un exceso de gasto público, sino que son una consecuencia de la propia crisis. Un análisis de la relación que ha existido entre la deuda pública y el PIB de estos países, demuestra que estuvo mejorando (esto es disminuyendo) hasta 2007. El endeudamiento posterior del estado es consecuencia de las cargas que ha asumido como consecuencia de la crisis bancaria, no de un exceso anterior de gasto público. Si leen ustedes la prensa, fijándose en los datos que ofrece y no en la doctrina que predica, verán que lo que realmente preocupa a nuestros gobernantes es cómo remediar el problema que para el sistema bancario representan las grandes inversiones inmobiliarias efectuadas en años de euforia en que estas fantasías se estaban financiando con nuestros ahorros.

No importa que economistas galardonados con el Premio Nobel, como Stiglitz y Krugman, condenen la política de austeridad. Porque resulta que, en realidad, esta política beneficia a los mismos que han causado el desastre y favorece la continuidad de su enriquecimiento. Como dice Michael Hudson: “No hay ninguna necesidad (...) de que los dirigentes financieros de Europa impongan una depresión a la mayor parte de su población. Pero es una gran oportunidad de ganancia para los bancos, que han conseguido el control de la política económica del Banco Central Europeo (...). Una crisis de la deuda permite a la la élite financiera doméstica y a los banqueros extranjeros endeudar al resto de la sociedad”.

Los resultados se pueden ver ya en la experiencia de Grecia, donde las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europa y el FMI están poniendo en peligro el propio crecimiento económico, y tienen unas durísimas consecuencias sociales: los suicidios y el crimen aumentan, la masa de los nuevos pobres está integrada por jóvenes que no encuentran trabajo y por personas de media edad que han perdido el suyo, mientras faltan en los hospitales los medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede conducir a que resurjan allí la poliomielitis o la difteria.

Este comienza a ser también el caso de España, donde la prensa anuncia que el PP se propone ahorrar este año 6.000 millones en medicamentos. Como dice Peter Radford: “¡Que se lo digan a los españoles! Ellos han probado ya toda esta historia de la austeridad. Tanto que la tasa de paro es del 23%, mientras las medidas que lo han producido no han conseguido frenar el déficit público, que está a punto de superar el límite del 8% que el gobierno español se había fijado como objetivo. ¿Se imaginan lo que ocurrirá ahora? Que los españoles van a ver aumentar su sufrimiento. Están insistiendo en más austeridad para estrujar su economía cada vez más”. Y ello, añade, “para reducir un déficit que es menor que el de los Estados Unidos o el de Gran Bretaña”.

Una reflexión adicional acerca del carácter más “empresarial” que “público” de la crisis nos la puede proporcionar una información publicada por el New York Times el 25 de diciembre pasado, que nos advierte que la crisis de los bancos europeos, que les está obligando a deshacerse de activos, crea buenas oportunidades de negocio para las empresas financieras norteamericanas que, a pesar de sus problemas, están lanzándose a comprar en Europa. En efecto, en un artículo publicado en La Vanguardia del 15 de enero pasado –y el hecho mismo de que un periódico conservador publique este tipo de análisis demuestra el desconcierto reinante entre nuestra burguesía- no sólo se explica que los fondos de inversión norteamericanos se han lanzado a comprar “gangas” europeas, como empresas y bancos devaluados por la propia política de austeridad, sino que se nos dan las razones: “La crisis bancaria europea está beneficiando a los fondos extranjeros que aguardan a las puertas de Europa”. Por una parte compran empresas que han perdido valor porque los bancos se niegan a darles crédito, a lo cual se añade que las medidas de recapitalización impuestas a los bancos les han forzado a “vender activos por un valor de billones de euros”. Wim Butler, del Citi Group, no dudó en decir en una conferencia pronunciada en Bruselas: “De aqui a unos años todos los bancos europeos pertenecerán a extranjeros”.

Las políticas restrictivas han llegado a tal punto de irracionalidad que desde el propio Fondo Monetario Internacional se ha comenzado a advertir a los dirigentes políticos europeos: “En la medida en que los gobiernos piensan que deben responder a los mercados, pueden ser inducidos a consolidar demasiado aprisa, incluso desde el simple punto de la sostenibilidad de la deuda”. Como ustedes saben, el presidente actual de nuestro gobierno ya ha dicho, cuando se aprestaba a rendir pleitesía a la señora Merkel, que lo primero es cumplir con el deber de sanear los bancos y reducir el gasto público: los puestos de trabajo, los hospitales o las escuelas no son prioritarios.

Hay razones que ayudan a entender la inhumanidad de este capitalismo depredador. Richard Eskow, que trabajó en un tiempo para Wall Street dice: “La gente que sufre por los efectos de los presupuestos austeros no son de la clase de los que [estos capitalistas] conocen personalmente, sino que se trata de empleados públicos, como maestros, policías, bomberos o funcionarios de programas sociales; de gente que necesita de ayudas del gobierno, como los pobres; y de otros de la clase media que han tenido la temeridad o de hacerse viejos o de sufrir una incapacidad”. En realidad los “super-ricos” no sólo se sienten ajenos a todos estos, sino que en el fondo los desprecian.

Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana, que fue la primera en implantar estas reglas, nos indica la clase de futuro a que nos conduce a todos la austeridad. Dos noticias de prensa publicadas alrededor de la Navidad del año pasado ilustran sus dos caras. Sabemos, por una parte, que la “paga” de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un 36’5 por ciento en 2010, al propio tiempo que aumentaba en 1.600.000 el número de los niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38 por ciento respecto de 2007. El año pasado, el de 2011, no ha sido tan bueno para los negocios de Wall Street; pero sabemos ya que esto no va a afectar las pagas millonarias de los dirigentes de Citigroup o de Morgan Chase, que van a cobrar más de veinte millones de dólares.

Los empresarios son conscientes de que el aumento de la desigualdad es nefasto para el crecimiento económico, en términos globales. Como señala Robert Reich: “Con tanta parte de los ingresos y de la riqueza concentrada en los más ricos, la amplia clase media no tiene ya el poder adquisitivo necesario para comprar lo que la economía es capaz de producir (...). El resultado es la generalización del estancamiento y del paro”. Un memorándum de la Reserva Federal norteamericana de 4 de enero recuerda que el 70 por ciento de la economía nacional depende del gasto de los consumidores, y que la recuperación no será posible si no aumenta la capacidad de consumo de la clase media.

Este planteamiento sobre el interés general no afecta sin embargo a los intereses inmediatos de los más ricos, puesto que una reducción global del crecimiento no implica una reducción simultánea de sus beneficios, que han seguido aumentando. Y se están, además, adaptando a la nueva situación, con la esperanza de obtener cada vez mayores beneficios. El 16 de octubre de 2005 Citigroup, la mayor empresa financiera del mundo, publicaba un informe con el título de Plutonomía, al que de momento se prestó poca atención, hasta que, cuando comenzó a hacerse famoso, Citigroup se preocupó de eliminarlo por completo de la red.

El informe proponía el término “plutonomía” para designar los países en que el crecimiento económico se había visto promovido, y en gran medida consumido, por el pequeño grupo de los más ricos. Sostenía que “el encarecimiento de los activos, una participación creciente en los beneficios y el trato favorable por parte de gobiernos partidarios del mercado han permitido a los ricos prosperar y capitalizar una proporción creciente de la economía en los países de plutonomía”. Lo ilustraba con las cifras de la desigualdad de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos, que comentaba con estas palabras: “No tenemos una opinión moral acerca de si esta desigualdad de los ingresos es buena o mala; lo que nos interesa es que es importante”. Opinaban, además, que las fuerzas que habían llevado a este aumento de la desigualdad en los veinte años últimos era probable que continuasen en los años próximos. De lo cual había que deducir que se crearía un entorno positivo para la actividad de empresas que vendiesen bienes o servicios a los ricos.

Su conclusión final era: Hemos de preocuparnos menos de lo que el consumidor medio vaya a hacer, ya que la conducta de este consumidor es menos relevante para el agregado final, que de lo que los ricos vayan a hacer. Esta es simplemene una cuestión de matemáticas, no de moralidad, concluían.

Y debían tener razón, porque sabemos que las empresas de bienes de lujo (o, como se dice en el negocio, de “bienes para individuos de un valor extremo”, que The Economist nos aclara que son aquellos pra los que “un bolso de 8.000 dólares es una ganga”) están aumentando espectacularmente. LVMH –o sea Louis Vuitton Moët Hennessy- creció en un 13% en la primera mitad de 2011 con ventas de 10.300 millones. Una noticia publicada recientemente en la prensa nos dice que mientras la matriculación de automóviles disminuyó en su conjunto en España en el año 2011, la excepción han sido los de lujo, cuya matriculación ha aumentado en un 83’1 por ciento.

“En algún momento –habían avisado los analistas de Citigroup- es probable que los trabajadores se opongan al aumento de beneficios de los ricos y puede haber una reacción política contra el enriquecimiento de los más acomodados”, pero “no vemos que esto esté ocurriendo, aunque hay síntomas de crecientes tensiones políticas. De todos modos mantendremos una extrecha observación de los acontecimientos”.

La ofensiva empresarial no se limita, por otra parte, a buscar ventajas temporales, sino que aspira a una transformación permanente del sistema político. En los Estados Unidos se está tratando de dificultar el acceso al voto a amplias capas de la población que se consideran poco afines a los principios de la derecha: ancianos, minorías étnicas, pobres... En la actualidad hay en Norteamérica 12 estados que han introducido medidas restrictivas del derecho a votar (otros 26 las están gestionando), la más importante de las cuales es la exigencia de un documento de identidad como votante, para cuya obtención se exige la presentación de documentos como el carnet de conducir o la acreditación de una cuenta bancaria. No sin problemas. En julio de 2011 el documento le fue negado en Wisconsin a un joven, con el argumento de que el comprobante de su cuenta de ahorro, que presentaba como identificación, no mostraba bastante actividad reciente como para servir para esta finalidad. Más del 10 por ciento de ciudadanos norteamericanos no tienen estas identificaciones, y la proporción es todavía mayor entre sectores que normalmente votan por los demócratas, incluyendo un 18 por ciento de votantes jóvenes y un 25 % de los afroamericanos.

Pero la amenaza a la democracia no necesita formularse con medidas legales de limitación del voto, porque el camino más efectivo es el control de los políticos por parte de la oligarquía financiera. Robert Fisk hacía recientemente una comparación entre las revueltas árabes y las protestas de los jóvenes europeos y norteamericanos en un artículo que se titulaba “Los banqueros son los dictadores de Occidente”, en que decía: “Los bancos y las agencias de evaluación se han convertido en los dictadores de occidente. Como los Mubarak y Ben Alí, creen ser los propietarios de sus países. Las elecciones que les dan el poder –a través de la cobardía y la complicidad de los gobiernos- han acabado siendo tan falsas como las que los árabes se veían obligados a repetir, década tras década, para ungir a los propietarios de su propia riqueza nacional”. Los partidos políticos, afirma Fisk, entregan el poder que han recibido de los votantes “a los bancos, los traficantes de derivados y las agencias de evaluación, respaldados por la deshonesta panda de expertos de las grandes universidades norteamericanas, (…) que mantienen la ficción de que esta es una crisis de la globalización en lugar de una trampa financiera impuesta a los votantes”.

Michael Hudson, profesor de la Universidad de Missouri, que había sido analista y asesor en Wall Street, denuncia en un texto sobre lo que llama “la transición de Europa de la socialdmeocracia a la oligarquía financiera”, los efectos de las políticas de austeridad: “Una crisis de la deuda facilita que la élite financiera doméstica y los banqueros extranjeros endeuden al resto de la sociedad (...) para apoderarse de los activos y reducir el conjunto de la población a un estado de dependencia”. A lo que añade que la clase de guerra que se extiende ahora por Europa tiene objetivos que van más allá de la economía, puesto que amenaza convertirse en una línea de separación histórica entre una época caracterizada por la esperanza y el potencial tecnológico, y una nueva era de desigualdad, a medida que una oligarquía financiera va reemplazando a los gobiernos democráticos y somete a las poblaciones a una servidumbre por deudas. El resultado es “un golpe de estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros” (no sé si será oportuno recordar que nuestro actual ministro de economía procede del sector bancario norteamericano).

Hay un aspecto de estos problemas en el que nos conviene reflexionar. Randall Wray sostiene que la crisis norteamericana de 2008 no la causó la insolvencia de las hipotecas basura, porque su volumen no era suficiente como para haber provocado por si sólo este desastre, sino que ésta fue simplemente la chispa que desencadenó un incendio cuyas causas profundas eran el estancamiento de los salarios reales y la desigualdad creciente, que empujaban a la economía lejos de una actividad centrada en la producción hacia otra esencialmente financiera, dedicada al manejo del dinero. Lo más grave de esta interpretación –advierte- es que, dado que estas causas profundas no sólo no se han remediado, sino que son más graves ahora que en 2008, pudiera ocurrir que una chispa semejante, como la insolvencia de uno de los grandes bancos norteamericanos o un problema grave en la banca europea, volviera a iniciar una nueva crisis, tal vez peor.

Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la situación que estamos viviendo en términos de una mera crisis económica –esto es, como un problema que obedece a una situación temporal, que cambiará, para volver a la normalidad, cuando se superen las circunstancias actuales-, ya que esto conduce a que aceptemos soluciones que se nos plantean como provisionales, pero que se corre el riesgo de que conduzcan a la renuncia de unos derechos sociales que después resultarán irrecuperables. Lo que se está produciendo no es una crisis más, como las que se suceden regularmente en el capitalismo, sino una transformación a largo plazo de las reglas del juego social, que hace ya cuarenta años que dura y que no se ve que haya de acabar, si no hacemos nada para lograrlo. Y que la propia crisis económica no es más que una consecuencia de la gran divergencia.

¿Qué hemos de hacer? Hay, evidentmente, un primer nivel de urgencia en que resulta obligado luchar por salvar los puestos de trabajo y los niveles de vida. El Banco de España se ha encargado de comunicarnos hace pocos días que lo que vamos a tener este año, y muy probablemente el siguiente, es más recesión y más de seis millones de parados. Cuesta poco imaginar la cantidad de EREs y de recortes que esto va a implicar, lo que nos va a obligar a muchos esfuerzos puntuales para salvar todo lo que se pueda.

Pero lo que revela la naturaleza especial de la situación actual es el hecho de que para la generación que ahora tiene entre 20 y 30 años no va a haber ni siquiera EREs, sino una ausencia total de futuro. Y eso sólo podrá resolverse con una política que vaya más allá de la defensa inmediata de nuestras condiciones de vida, para enfrentarse a las políticas de austeridad y que, sobre todo, se proponga acabar con el gran proyecto de la divergencia social que las inspira.

Como demostró la gran depresión de los años treinta, cuando eran muchos los que pensaban que el viejo sistema capitalista se había acabado y que el futuro era de la economía planificada por el estilo de la de la Rusia soviética, la capacidad del capitalismo para superar sus crisis y rehacerse es considerable.

El problema inmediato al que hemos de enfrentarnos hoy no es, como algunos pensábamos hace unos años, la liquidación del capitalismo, que debe ser en todo caso un objetivo a largo plazo, porque la verdad es que no disponemos ahora de una alternativa viable que resulte aceptable para una mayoría. Y lo que no puede ser compartido con los más, por razonable que parezca, está condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es necesaria para alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil para la lucha política cotidiana.

Lo que nos corresponde resolver con urgencia es decidir si luchamos por recuperar cuanto antes un capitalismo regulado, con el estado del bienestar incluido, como se había conseguido cuando los sindicatos y los partidos de izquierda eran interlocutores eficaces en el debate sobre la política social, o nos resginamos a seguir sufriendo bajo la garra de un capitalisno depredador y salvaje como el que se nos está imponiendo. De hecho, lo que nos proponen las políticas de austeridad es simplemente que paguemos la factura de los costes de consolidar el sistema en su situación actual, renunciando a una gran parte de las conquistas que se consiguieron en dos siglos de luchas sociales.

No es que no haya signos esperanzadores de resistencia. No cabe duda de que las ocupaciones de plazas y las manifestaciones de protesta van a volver a brotar esta primavera, empujadas por la desesperación. Pero lo más importante es saber si la experiencia de los efectos combinados de los recortes y del aumento de las cargas servirá para devolver el sentido común a quienes dieron el voto a una derecha que prometía soluciones y se limita ahora a pedirnos sacrificios, o si sus votantes se resignarán a aceptar mansamente las consecuencias de su error.

Pienso que es urgente, para dar sentido y coherencia a las protestas, que la izquierda –una izquierda real que nazca de más allá de la traición de la socialdemocracia de las terceras vías- elabore nuevas formas de lucha y de mejora, ahora que ya hemos aprendido que la idea de que el progreso era el motor de la historia es un engaño y que los avances para el conjunto de los hombres y las mujeres solo se han conseguido a través de las luchas colectivas. La semana pasada me pidieron en un diario de Barcelona que opinase acerca de cómo sería dentro de cinco años este capitalismo con el que nos ha tocado vivir. Y lo que respondí fue que eso dependía de nosotros: que lo que tengamos dentro de cinco años será lo que habremos merecido.

jueves, 9 de febrero de 2012

BALTASAR GARZON


ANTE EL ASOMBRO Y RECHAZO QUE ME HA PRODUCIDO LA SENTENCIA AL JUEZ BALTASAR GARZON REPRODUZCO SU NOTA.


NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO


Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.

Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.

He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.

Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.

Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.

La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Asimismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.

Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.

Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.

Madrid a 9 de febrero de 2012

miércoles, 8 de febrero de 2012

UN MILITAR AL MANDO DE PROTECCION CIVIL




El abandono que viene sufriendo la dirección general de protección civil desde que la mayor parte de sus funciones pasaron a manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos ha visto en el nombramiento de su nuevo director la puntilla que para mi certifica el cierre definitivo de la Dirección General.

El nombramiento de un general como responsable de Protección Civil, abre una etapa desconocida para el organismo, es la primera vez que un militar asume el puesto. Esta decisión pone en una situación muy complicada las funciones del personal adscrito a protección civil, ya sea el de los servicios centrales, como el que esta destinado en las subdelegaciones del gobierno. Porque desde la entrada de la UME (unidad militar de emergencia) parece que todo el esfuerzo se ha volcado en dar prestigio y resplandor a esta unidad creada hace relativamente poco tiempo, mientras todos los técnicos y trabajadores de la Dirección General parecen no tener ocupación ni merito, parece que la única responsabilidad es de unos pocos militares y que de ellos exclusivamente dependen las emergencias.

El gobierno actual en esta materia deja muy claro cuales van a ser sus prioridades, el ejercito y por consiguiente la UME. Un gobierno que no se da por enterado de que la protección civil es eso civil si no se llamaría protección militar. No entiendo que este ni ningun otro gobierno tenga que utilizar el ejercito para que tenga una buena consideración entre los ciudadanos y para ello tenga que aniquilar y enterrar años y años de experiencias de los empleados públicos que están destinados en protección civil.

No entiendo por ultimo cual es el objetivo del gobierno en materia de emergencias, es difícil de saber su programa electoral no lo menciona, bueno ni eso ni otras tantas cosas, así que sin un criterio escrito, este gobierno ha transformado algo civil en militar. Le entrega el mando a un militar para dirigir fundamentalmente civiles, para dirigir a los técnicos, a los funcionarios, en definitiva un militar que no dirigirá a ningún militar, y que abre el camino de los nombramientos militares en Interior, donde ya no llega tener policías y guardias civiles al mando de personal civil, ahora también militares.

miércoles, 1 de febrero de 2012

PLAN DE PENSIONES DE LA AGE


El Plan de Pensiones de la Administración General del Estado (AGE) cierra el año con una rentabilidad del 1,91%, a pesar de la fuerte inestabilidad de los mercados financieros, provocada, en gran medida, por la crisis de la deuda soberana, la parálisis política en EE.UU. y el fuerte deterioro de las expectativas de crecimiento de la economía mundial, que se han producido, sobre todo, en el segundo semestre del año.
Mesa de negociación de la Administración General del Estado.

Con un mes de noviembre que colocaba a la mayoría de los planes de pensiones del sistema de empleo en rentabilidades negativas, debido, sobre todo, a la crisis de la deuda soberana de España e Italia, el mes de diciembre repuntó al alza gracias a los acuerdos europeos y al apoyo financiero del Banco Central Europeo.

El patrimonio del plan a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 550.990.184,18 euros. Y según el informe mensual de rentabilidad de planes de pensiones del sistema de empleo de diciembre de 2011, elaborado por la Secretaría de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO, de la muestra analizada, que representa el 70% de la totalidad del sistema de empleo de nuestro país, la rentabilidad del 1,91% supera claramente a la rentabilidad media ponderada de la muestra, que se sitúa en el 0,04%, superando, además, al índice de referencia en un 1,03%.

Esta rentabilidad ha sido posible, en buena medida, gracias a la adecuada diversificación de la cartera, tanto por clases de activos como a nivel geográfico, la gestión activa de las posiciones de la cartera, así como la utilización de estrategias de cobertura como medio de minimizar las oscilaciones de rentabilidad a lo largo del ejercicio.

Para el presente año debemos tener en cuenta que una buena parte de las circunstancias que provocaron la inestabilidad en 2011 siguen estando presentes y sin una solución clara, sobre todo en la zona euro, por lo que no se puede descartar una alta volatilidad en los mercados financieros tal y como ha ocurrido en el pasado ejercicio.

Además habrá que tener en cuenta el impacto del Real Decreto-Ley 20/2011 de "Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público" aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre, que establece que en 2012 no habrá contribuciones del promotor, la Administración General del Estado, al Plan de Pensiones, sumándose esta nueva rebaja, en la medida que se trata de retribución diferida, a la ya conocida congelación salarial.

A pesar de esta situación, que esperan sea coyuntural, los representantes de los partícipes en la Comisión de Control en nombre de CCOO seguiráns trabajando en el seguimiento, control y vigilancia de los derechos económicos de los partícipes tratando de conjugar, como venimos haciendo, los principios de rentabilidad, seguridad y responsabilidad social en la gestión del patrimonio.