El Ministro del Interior es consciente de que los recortes sociales y la reforma
laboral van a provocar protestas. Ante
esta escalada de la tensión social, el Gobierno ha decido reformar completamente el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, me ha
recordado a los ministros de la gobernación, tanto en su forma de explicar las
reformas como en el talante que ha utilizado. La ha justificado en la sesión de control del
Congreso alegando que es necesario luchar contra la espiral de violencia de los antisistemas, van más allá del control
del orden publico.
Cuando un gobierno de un país democrático propone como
delito el "atentado a la autoridad
por la resistencia pasiva o activa "
demuestra que quiere acabar no solo con las “revueltas” si no que quiere acabar con toda forma de combatir pacíficamente
opiniones contrarias a sus medidas.
Cuando los ciudadanos decidan convocar actos no autorizados
por la Delegación de Gobierno, pueden
desde ese momento ser imputados si se sientan, por ejemplo, en la calle y no se
levantan, esto es gráficamente lo que propone el gobierno.
La reforma propuesta prevé también que sea considerado "delito de
integración en organización criminal" difundir a través de Internet y las redes
sociales las convocatorias "violentas" y que "alteren gravemente
el orden público", que podrían ser todas aquéllas que no hayan sido
notificadas y que se nieguen a abandonar el lugar pese al aviso de la Policía
como ocurrió el 15 de mayo y los días posteriores en la Puerta del Sol de
Madrid.
Otra medida, que recoge la propuesta, es que se considerará
como agravante cuando las conductas violentas se produzcan en manifestaciones o
concentraciones y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en
los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a
los mismos. En este sentido, se ampliará la cuantía de los daños no sólo a los
que se produzcan en establecimientos, sino también a los que se deriven por la
interrupción de cualquier servicio público.
Todas estas medidas suponen un retroceso de los libertades
ciudadanas, un paso atrás que nos devuelve a épocas franquistas y que hará que
este país tenga que empezar a construir muchas mas prisiones porque los
ciudadanos continuarán manifestando su descontento en la calle y porque aunque
este ministro crea que la calle es suya, hoy
y mañana la calle siempre será de los ciudadanos.
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