¿Por qué al PP no le interesa el impuesto sobre el Patrimonio?

por Francisco Luis


El Sr. Rajoy está en contra del impuesto sobre el patrimonio porque: ”castiga al que ahorra y premia al que no ahorra”. Yo le haría a este señor tan elegante y defensor de las buenas costumbres y la familia, una pregunta: si realmente lo que no le gusta a él, es que este impuesto, es un impuesto solidario, el que más tiene más paga, y los que más tienen son ellos, sus amigos, banqueros, especuladores y grandes empresarios. No es verdad que castiga al ahorrador, lo que hace es que los que acumulan riquezas y posesiones tienen que pagar un impuesto por ello. Trabajando nadie llega a tener patrimonios importantes, Sin ir más lejos tenemos a la Duquesa de Alba que ha repartido patrimonio de cientos de millones de Euros entre sus hijos, que curiosamente no trabajan casi ninguno, ni se les conoce estudios universitarios. El Patrimonio de estos señores ha sido ¿Ahorrando? o especulando y acumulando riquezas desde sus antepasados. ¿Es injusto que paguen?, yo creo que no. Es más el Sr. Aznar se aprovecho de los ingresos del impuesto sobre el patrimonio durante su mandato. Fue ZP en los guiños a los grandes capitales y utilizando formulas del capitalismo mas insolidario, el que quito este impuesto, al igual que repartió dinero a todos: cheque bebe, 400 euros, etc., etc., sin tener en cuenta las necesidades o no, de quienes recibían estas ayudas. Rubalcaba con buen tino y queriendo hacer una fiscalidad más solidaria propone activar otra vez este impuesto, que solo la falta de solidaridad de los grandes capitales y especuladores hacen que la derecha más neoliberal del país se oponga a ello. Jose Saramago decía que la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia, y yo añado: solidaridad.

El impuesto sobre el Patrimonio, es un impuesto que se aplica sobre el patrimonio personal de las personas físicas, no tiene en cuenta ni los ingresos ni las transacciones, se calcula basándose en el valor de los bienes del sujeto pasivo. Este impuesto no está generalizado, se aplican en países como Francia, Noruega o Suiza. En España fue suprimido al igual que en Japón, Italia, Alemania, Suecia, etc.

Sus defensores se basan en que ayuda a la redistribución de la riqueza, ya que hay personas que tienen grandes patrimonios, pero no tienen una renta, una nómina. Hace más justos el sistema fiscal, paga más quien más tiene, no es lo mismo con el IVA que todos lo pagamos igual, sea cual sea nuestros ingresos o patrimonio. Aumenta el ingreso del Estado y puede estimular el crecimiento económico. Otro argumento a favor es que, los que más tienen, los que tienen empresas utilizan más los medios gratuitos del Estado como las carreteras, subsidios, rescates de empresas, etc., por lo que, este impuesto, podía tener efectos sociales positivos al reducir la desigualdad.

En contra, y debido a la falta de solidaridad de los grandes capitales y empresarios, este impuesto contribuye a que estos poderosos saquen sus capitales a paraísos fiscales. Para terminar os dejo el enlace a un vídeo de Saramago, que cada cual saque sus conclusiones.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Entre las muchas lecturas diarias que uno hace se encuentra el BOE. Casi todos los días suele ser aburrido y casi repetitivo día a día, nombramientos, concursos, anuncios, pero de vez en cuando hay alguna disposición que me llama la atención.

Hoy es uno de esos dias que uno encuentra esa noticia que te deja perplejo.En concreto es la orden EHA/2416/2011, de 1 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría.

Creo que el titulo lo dice todo, pero cuando entras en el cuerpo de la orden solo son dos paginas, te quedas estupefacto. El ministerio de Hacienda reconoce que no tiene gente suficente para hacer frente a todas las auditorias a las que se ha comprometido y bajo ese criterio es preciso contratar a empresas auditoras privadas.

Las externalizaciones son el pan nuestro de cada día, pero todas se camuflan bajo diversos aspectos, eficacia y eficiencia de las empresas privadas,facilidad al ciudadano, pero lo de hoy es increible, con toda la desfachatez del mundo el ministerio de hacienda, ( el mismo que sugiere recortes, amortizaciones, supresiones de puestos, de productividad) dice que como no tiene personal lo contrata fuera al precio que sea.

Supongo que esto es lo que debe de esperarse de una administración que solo piensa en recortar y entregar lo público al mejor postor en subasta.

RESPETO,TOLERENCIA Y UNIÓN

DE Francisca Aguilera

El pasado 6 de septiembre se desarrollaron, en todo el Estado, diversas manifestaciones en contra de las reformas laborales que precarizan aún más el empleo joven y en demanda de un referéndum sobre la reforma constitucional que aprueban estos días PSOE y PP.
En algunas de ellas, principalmente en las granes capitales, se produjeron incidentes aislados con algunas personas que, al parecer, compartían la finalidad de la convocatoria. Un importante grupo de personas, identificado con sus propios símbolos como “15-M”, se incorporaron durante el acto final de la convocatoria, al menos en Madrid, a la manifestación unitaria encabezada por los sindicatos mayoritarios. La mayoría de ellos, quienes venían más atrás, en expresión de unidad frente a un objetivo común y, consecuentemente, con respeto a la lectura del manifiesto unitario de los convocantes, que se desarrollaba en ese momento. No fue esta la conducta de quienes se situaron en la cabecera del grupo, que dedicaron su presencia a alterar con gritos, y algún insulto directo a los convocantes, el desarrollo del acto. Con matices, este comportamiento de “grupúsculos” se reprodujo en otras capitales. Especialmente para las gentes del 15-M, estos hechos de personas concretas y que, en algunos casos, conocemos de tiempos anteriores a la articulación del 15-M como “provocadores oficiales”, deberían obtener una reprobación pública. Desde mi punto de vista, la unión frente a un contrario común y por un objetivo compartido, condición de éxito de cualquier proceso de respuesta ante quienes ejercen el poder, se asienta en dos pilares: el respeto y la tolerancia.

Respeto es, si se decide acudir a un acto convocado por otros, participar, más o menos activamente, en los términos y condiciones establecidas por los convocantes y no obstaculizar su desarrollo. Tolerancia, aprender a convivir en la diversidad, sin insultos. Quien no cumple estos requisitos, se convierte irremediablemente en alguien que, lejos de unir, pretende dividir. Y esto, al menos en la teoría, es contrario al objetivo declarado de combatir al contrario común, haciéndolo más fuerte y debilita las propias posiciones. Estas no pueden ser las posiciones de las gentes del 15-M, entre las que se integran muchas personas afiliadas a las organizaciones sindicales que convocaban la manifestación.

MANIFIESTO CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL.

POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERENDUM.

La reforma de la Constitución que impulsan PSOE y PP para impedir el déficit público implica la aceptación por el sistema político del control ideológico y material de la acción de gobierno por el capital financiero organizado a escala global. Es una exigencia inconsistente con un nivel muy razonable de endeudamiento público, causado precisamente por el soporte financiero a la banca en crisis.

Como medida de política económica europea, se trata de una decisión desvinculada de otras medidas económicas en el espacio europeo mucho más significativas, como la reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos y tantas otras modificaciones imprescindibles para configurar una verdadera política económica y fiscal común.

Una medida que sigue colocando en segundo lugar, lo que debe ser la prioridad entre las prioridades, el empleo, y para crear empleo, es fundamental la generación de actividad económica.

La prohibición, de otra parte, del déficit público coloca a España en una situación de desigualdad permanente en un equilibrio asimétrico de la llamada “gobernanza” europea. Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del estado social en momentos en los que su financiación es insuficiente, pueden requerir endeudamiento, y por tanto, que exista déficit en los años en los que dure la amortización de la deuda emitida para financiar estas inversiones sociales, lo que podrán hacer otros países europeos pero no el nuestro.

La limitación constitucional del déficit público está por tanto directamente relacionada con la cláusula social del art. 1.1 de la Constitución española, y esta a su vez con el art. 9.2 del mismo texto constitucional que obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a los ciudadanos de un país. Al establecer de forma general y absoluta una prohibición para todos los organismos y administraciones del Estado de endeudarse en un porcentaje determinado del PIB que fijará una ley orgánica, está condenando a la inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social. Con ello se está impidiendo en la práctica la satisfacción eficaz de muchos derechos sociales reconocidos en la constitución para que se materialicen en la acción pública ante la imposibilidad de utilizar recursos presupuestarios públicos para poner en práctica actuaciones de nivelación social constitucionalmente garantizadas.

Por ello el techo constitucional al déficit público no es un a “regla técnica” sino una declaración política e ideológica que incide fuertemente en la función del Estado social, porque niega a los poderes públicos uno de los mecanismos importantes para encarar en un momento histórico determinado compromisos sociales que se han reconocido como derechos y que requieren de la actividad prestacional del Estado y de las Comunidades Autónomas para su materialización efectiva.

Pero además de atentar contra la cláusula constitucional del Estado social, la forma en la que se quiere adoptar esta modificación implica una actitud inequívocamente antidemocrática, que rompe el pacto constituyente que dio origen a nuestra constitución y busca expresamente que no se pueda producir la participación popular a través de un referéndum. El procedimiento de aprobación previsto persigue explícitamente que no haya ningún debate público sobre el contenido y las consecuencias de la misma. Eso implica que un cambio en la Constitución de una nación se pueda realizar en vacaciones, sin que los ciudadanos puedan ni siquiera reaccionar ante una modificación extremadamente importante de las condiciones de su convivencia social, y sin que desde luego éstos puedan participar mediante su voto en la aceptación o el rechazo de tal medida. Es una reforma que sofoca la democracia y desconfía claramente del fundamento democrático y popular que sostiene el andamiaje de nuestra Constitución.

Por tanto, los firmantes de este manifiesto expresamos públicamente nuestro rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española, y pedimos a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y exigimos firmemente que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.

Septiembre de 2011.

Martes 6 de septiembre 19 horas Madrid de Cibeles a Sol, acude a la manifestación.