La reforma del sistema de pensiones acordado este mes, ha generado, una amplia expectación por su significado material y sus repercusiones políticas. Se trata de un hecho muy significativo que merece unas reflexiones globales.
La valoración de cualquier acuerdo requiere considerar al menos tres aspectos. El primero, el contexto en el que se produce la negociación y la firma del mismo. En segundo término, la fórmula o procedimiento llevado a término para su realización y las posteriores consecuencias de este proceso. En tercer y último lugar, las consideraciones sobre el contenido de lo acordado y su posición en la relación existente entre las pretensiones de las partes de la negociación. Esto que es de primero de manual igual tenia que haberlo explicado hace unos días, pero en fin volvamos al tema de las pensiones que es el posteo de hoy.
Siguiendo este esquema de análisis, es un lugar común que la reforma del sistema de pensiones se inscribe en una línea de intervención promovida por la Comisión europea.. Se han producido así reformas drásticas de la pensión de jubilación en los países periféricos que han sufrido las turbulencias financieras sobre la financiación de su deuda, pero también en otros Estados “centrales”, como Inglaterra y, de manera especial, Francia. En el caso español, la propuesta de ampliar la edad de jubilación a 67 años, y la extensión de los períodos de carencia a 41 años, con 30 años para el cálculo de la base reguladora, culminaba una estrategia de reformas llevadas a cabo por el gobierno socialista que había incidido sobre el recorte del gasto social y del salario de los empleados públicos, la privatización de los servicios públicos más rentables, y la implantación de una “reforma estructural” del mercado de trabajo.
En este contexto de ofensiva por lo que se denomina “devaluación interna” de los salarios y del poder sindical colectivo en la regulación de las condiciones de trabajo, la reforma del sistema de pensiones venía a anunciar que el objetivo siguiente era el modelo de seguridad social como manifestación principal de la cláusula del estado social en nuestra constitución. Por eso la reacción sindical a este plan fue el anuncio de la convocatoria de una segunda huelga general. Desde esta posición, el sindicalismo confederal pudo forzar la apertura de un proceso de negociación en el que por otra parte se incluyeron otros temas muy relevantes, como el de la reforma de la negociación colectiva, el desarrollo reglamentario de los expedientes de regulación de empleo y de las políticas activas de empleo.
Este es el segundo aspecto que conviene resaltar, la elección consciente de un proceso de negociación que no sólo involucraba al gobierno – en su conjunto, haciendo perder peso relativo a las posiciones más ligadas al mando económico-financiero – sino que daba presencia al nuevo equipo de dirección de la CEOE y enlazaba este momento con el debate parlamentario sobre los resultados de la Comisión del pacto de Toledo y la orientación que en ella se iba delineando..
El acuerdo alcanzado es complejo, no sólo porque se trate de una materia donde los aspectos técnicos del sistema de seguridad social hacen complicada su explicación, sino porque el objetivo del mismo ha sido precisamente éste, el de diversificar el acceso a las prestaciones de jubilación y establecer diferentes medidas en este domino que “flexibilizan” el mismo. Pero lo que es más evidente es que se trata de un acuerdo defensivo, que pretende mantener unos mínimos en la configuración de la garantía institucional de la protección social frente a la vejez que no desvirtúe en lo esencial el modelo social tal como se viene reformulando en nuestro país a partir del Pacto de Toledo de 1996. La horquilla de la jubilación entre 61 y 67 años, con especial incidencia en el derecho incondicionado a la jubilación de 63 y la regla general de jubilación a los 65 y el correlativo aumento de los periodos de cotización necesarios para obtener el 100 % de la pensión de los 35 años actuales a 38,5 o 37 para los que se jubilen a los 67, el fomento de la jubilación parcial y los incentivos al retraso en la edad de jubilación, la modificación del período de cómputo para la base reguladora de la pensión de jubilación de 15 a 25 años, su despliegue temporal hasta el 2023 y la nueva formulación del problema de las lagunas de cotización, las reglas especiales de cotización adicional para mujeres por hijo nacido y para jóvenes, en especial en relación con los llamados periodos de formación o de investigación, la reducción de la edad pensionable a los trabajos penosos, tóxicos y peligrosos, la integración de regímenes especiales en el Régimen General, y la atención a nuevas medidas de financiación y de ampliación de ingresos al sistema, son las cuestiones más relevantes del Acuerdo.
Lo que sí es seguro es que este Acuerdo debe ser conocido y debatido por el conjunto de los trabajadores. Es ésta una necesidad derivada de la propia importancia mediática y política que ha tenido y de la exigencia participativa que estos temas suscitan entre los trabajadores y trabajadoras afectados. Esta firma debe ser explicada y debatida entre quienes detentan la soberanía real en el sindicato, los afiliados y los trabajadores, fundamentalmente para no dar la sensación de que este es un acuerdo basado en la decepción por lo que se percibe como entreguismo. Hay muchas señales de esta tendencia, explicable también por un profundo desánimo.
Explicar el acuerdo significa asimismo recordar que existen otros muchos terrenos de conflicto que permanecen abiertos y que requieren la movilización adecuada en el momento preciso, como la que va a exigir la Iniciativa Legislativa Popular y los conflictos abiertos en tantos sectores, fundamentalmente en el terreno de la función pública, tambien los abiertos en nuestro ministerio, en trafico: con la implantación de las nuevas jefatura,en la Policia: con los horarios, la productividad y el nuevo modelo previsto para los puestos A2, en la Guardia Civil: con la productividad y los horarios.
Todo esto debe de salir de una combinación de luchas y movimientos, explicación e información de la actividad del sindicato y participación democrática para lograr la adhesión más extensa posible, solo asi conseguiremos una mejor resistencia, y crearemos mejores condiciones para una recuperación del proyecto sindical en clave emancipatoria.
