sábado, 21 de julio de 2012

Vacaciones, Asuntos Propios y Movilidad.



Este gobierno no solo esta dispuesto a recortar en gastos y a aumentar los ingresos por la vía impositiva, también esta dispuesto a hacer desaparecer cualquier derecho que los trabajadores tengan en nuestro país.

La reforma laboral introdujo de manera clara y contundente un cambio en las relaciones laborales en nuestro país, para ello se introdujeron medidas de flexibilidad y medidas que restaban derechos a los trabajadores. Ahora el gobierno quiere aplicar una reforma laboral a la función pública y para ello ha decidido  reducir  los días de libre disposición, además, de suprimir los días adicionales por antigüedad tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días por asuntos particulares, se introducen medidas de reasignación de personal y de movilidad.

Todas estas medidas de están avaladas por un informe que presento el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas a las comunidades autónomas donde dice claramente que la aminoración de días  y derechos suponía la nacionalización de  las plantillas de los organismos públicos, es decir se abre la puerta al despido en todas las administraciones.  

Los eufemismos utilizados por este gobierno, son tan viles que no se atreve a poner claramente  que estas medida pretende tres cosas, por un lado el aumento de jornada, mediante la reducción de dias de vacaciones y asuntos propios  supone la reducción de puestos de trabajo, por otro lado esta medida pretende suprimir las productividades de mayor dedicación que tanto abundan en la administración, especialmente en la administración general del estado. Cuando se suprimen los dias de vacaciones y asuntos propios se aumenta la jornada anual  que pasara a ser superior a 37 horas y media.

Por ultimo la Reasignación y movilidad del personal que se recoge en el  (art. 15) “…se adoptarán criterios vinculantes de movilidad y asignación de puestos en dicho ámbito, teniendo la competencia para acordar, en su caso, los cambios de adscripción de puestos o redistribución de efectivos, que sean necesarios para una asignación más eficiente y adecuada de los recursos humanos.”

Esta medida supone la ruptura de las condiciones de los empleados públicos tanto en lo concerniente a su lugar de trabajo, como a sus funciones o incluso a su grupo profesional, medidas que ya están recogidas en la reforma laboral y que ahora se incorporan unilateralmente a la administración y empresas publicas por la vida del decreto ley.






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