Este
gobierno no solo esta dispuesto a recortar en gastos y a aumentar los ingresos
por la vía impositiva, también esta dispuesto a hacer desaparecer cualquier
derecho que los trabajadores tengan en nuestro país.
La
reforma laboral introdujo de manera clara y contundente un cambio en las
relaciones laborales en nuestro país, para ello se introdujeron medidas de flexibilidad
y medidas que restaban derechos a los trabajadores. Ahora el gobierno quiere
aplicar una reforma laboral a la función pública y para ello ha decidido reducir
los días de libre disposición, además, de suprimir los días adicionales
por antigüedad tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días por
asuntos particulares, se introducen medidas de reasignación de personal y de
movilidad.
Todas
estas medidas de están avaladas por un informe que presento el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Publicas a las comunidades autónomas donde dice
claramente que la aminoración de días y
derechos suponía la nacionalización de las plantillas de los organismos públicos, es
decir se abre la puerta al despido en todas las administraciones.
Los
eufemismos utilizados por este gobierno, son tan viles que no se atreve a poner
claramente que estas medida pretende
tres cosas, por un lado el aumento de jornada, mediante la reducción de dias de
vacaciones y asuntos propios supone la reducción
de puestos de trabajo, por otro lado esta medida pretende suprimir las
productividades de mayor dedicación que tanto abundan en la administración,
especialmente en la administración general del estado. Cuando se suprimen los
dias de vacaciones y asuntos propios se aumenta la jornada anual que pasara a ser superior a 37 horas y media.
Por
ultimo la Reasignación y movilidad del personal que se recoge en el (art. 15) “…se adoptarán criterios
vinculantes de movilidad y asignación de puestos en dicho ámbito, teniendo la
competencia para acordar, en su caso, los cambios de adscripción de puestos o
redistribución de efectivos, que sean necesarios para una asignación más
eficiente y adecuada de los recursos humanos.”
Esta
medida supone la ruptura de las condiciones de los empleados públicos tanto en
lo concerniente a su lugar de trabajo, como a sus funciones o incluso a su
grupo profesional, medidas que ya están recogidas en la reforma laboral y que
ahora se incorporan unilateralmente a la administración y empresas publicas por
la vida del decreto ley.
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